Rechazo a las nuevas sentencias en el caso Atenco

“¡También exigimos seguridad contra el secuestro!”
Viernes 29 de agosto de 2008
por  Ké Huelga Radio
popularidad : 2%

ESTE ARTICULO ES UNA CONTIBUCION DE CAROLINA ROMERO S, QUIEN PARTICIPO EN LA MOVILIZACION POR LOS PRESOS DE ATENCO
(español / inglés)
El martes 26 de agosto, ante el penal Molino de Flores, aproximadamente 70 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra Campaña gritaron su rechazo a las nuevas sentencias brutales en el caso Atenco, mientras los Abogados Zapatistas entraron para presentar la apelación. Unos manifestantes increparon a los policías estatales (ASES) bloqueando la puerta: “¿Con qué cara pueden ver a sus propios hijos? Son pobres como nosotros. ¿Que tal se si vuelven rebeldes? También a ellos los van a asesinar, violar, torturar?” Y... ¡voilá! Al salir del reclusorio, el abogado Juan Dios de Hernández reportó que ya fue reemplazado el juez que dictó las infames sentencias, Alberto Cervantes. ¿Por secuestro? ¿Por conspiración? ¿Por corrupción? ¿Por ineptitud? Nada de eso. Siempre era un vil juez de consigna que tenía su arreglito con la mafia estatal encabezado por Enrique Peña Nieto. Ya cumplió con su trabajo sucio, avalando y prolongando el secuestro de Ignacio del Valle y los demás compañer@s que ha durado desde el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

Las nuevas sentencias se dictaron la semana pasada. El jueves 21 de agosto, correos empezaron a salir del Plantón Molino de Flores alrededor de mediodía, avisando de la presencia de alrededor de 500 policías fuera de la prisión desde muy temprano en la mañana, incluso varias camionetas y patrullas de la Agencia Estatal de Seguridad. ¿Estaban ahí para desalojar el Plantón? Al principio, nadie estaba seguro, pero muy pronto el motivo por su masiva presencia se supo. En la corte dentro de la prisión, iban a dictar sentencia. Los integrantes del FPDT de San Salvador Atenco ya se habían enterado y marchaban hacia la prisión.

¿Y cuáles son estas indignantes sentencias pronunciadas por el juez primero Alberto Cervantes? Se supone que Óscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales deben pudrirse en prisión durante 31 años, 10 meses y 15 días por el supuesto delito de secuestro equiparado.

¿Y para el dirigente atenquense Ignacio del Valle? Encontrado culpable de ser el “autor intelectual” del delito de secuestro equiparado, su destino (según el Estado) es el entierro en prisión durante 45 años adicionales, agregados a los 67 y medio que ya compurga en el penal de máxima seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por supuestos secuestros en abril y febrero de 2006, antes de los eventos del 3 y 4 de mayo.

A la vendedora de flores Patricia Romero, hostigada en Molino de Flores desde hace meses, el juez tercero Albino Cháves le dictó una sentencia más leve, pero aún así totalmente injusta, de 4 años; ella, su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías tendrán la posibilidad de salir bajo fianza si el Ministerio Público no interpone una apelación.

Como explicó Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas, estas sentencias están basadas estrictamente en supuestos indicios: no hay una prueba plena en ningún sentido contra nadie. Los indicios consisten en las contradictorias declaraciones de los policías que se dicen víctimas del secuestro. Afirman identificar a los responsables pero también dicen que las personas que supuestamente les privaron de la libertad llevaban pasamontañas o paliacates y que como consecuencia no pudieron verles la cara. También dicen que los mismos policías les habían tapado la cara a las y los detenidos y que los habían obligados a bajar la cabeza, por eso no habían podido ver a nadie. Las declaraciones eran las supuestas pruebas utilizadas por el ministerio público para mostrar probable responsabilidad y dictar el auto de formal prisión. “Pero para sentenciar a alguien, el ministerio público no tiene que demostrar la probable responsabilidad sino tiene que demostrar la plena responsabilidad de los acusados”. Nunca lo ha hecho, dice Juan de Dios Hernández, ni en las declaraciones ministeriales originales ni en las ampliaciones, ni en los careos.

Hay más. Como se ve en el video, uno de los familiares que llegó a preguntarle al juez Alberto Cervantes sobre la sentencia afirma lo siguiente: “Le pregunté por qué había tomado esta decisión sobre la sentencia y dijo que venía de allá arriba porque él nada más tenía cierto mando pero que no se debería meterse más para allá, sino que él tenía otros asuntos. El de los magistrados era él que daba las órdenes”. Cabe recordar que fue el Magistrado José C. Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien se reunió con una comisión de manifestantes el 8 de agosto en Toluca, prometiendo una pronta resolución del caso. El Magistrado también tiene dueño: se llama Enrique Peña Nieto, quien se jacta abiertamente de ordenar el operativo en Atenco y está en plena campaña para ser Presidente de México.

Para el colmo, la sentencia menciona que en las pláticas del 2 de mayo con las autoridades municipales y estatales, no hubo ningún acuerdo para retirar el cordón de “seguridad” y permitir a los vendedores de flores a trabajar, a pesar de que la videograbación de la reunión claramente demuestra la verdad. Ve Parte 1 del documental Atenco Crimen del Estado. Ve la escena de la reunión en el documental. Fíjate en la mesura mostrada por Ignacio del Valle y su voluntad de utilizar la palabra para convencer a los funcionarios a cumplir con su deber. Fíjate en los funcionarios, su manera de hablar, su postura corporal. ¿Se ven muy cómodos? ¿Ya sabían que iban a traicionar el acuerdo?

Que quede claro. El supuesto “secuestro” del 3 de mayo de 2006 no fue un secuestro de verdad como los cometidos por “el mochaorejas”, quien les cortó las orejas a sus víctimas, o el del hijo del empresario Martí, quien fue asesinado después de que el rescate fue pagado. El “secuestro” consistía en retener a varios policías durante unas horas después del conflicto que ellos mismos empezaron, violentamente desalojando a los vendedores de flores del mercado de Texcoco en violación del acuerdo del 2 de mayo de 2006 y sitiando la casa donde ellos y integrantes de FPDT tomaron refugio durante el día, durante el cual Ignacio del Valle pidió el retiro de los policías y un diálogo con las autoridades varias veces. Después de nueve horas, sin interés alguno en una solución negociada, la policía desalojó la casa, detuvo a los ocupantes y los golpeó hasta el cansancio. Ahora 10 personas están condenadas por “secuestro” sin evidencia alguna en su contra y Ignacio del Valle es condenado por ordenar el “secuestro” aunque ni estuvo en el lugar de los hechos. Los policías fueron retenidos cuando los pobladores de San Salvador Atenco salieron a bloquear la carretera para protestar la agresión contra sus compañeros en Texcoco. Cuando cientos de policías intentaron desbloquear la carretera con lujo de violencia, los pobladores se defendieron y hubo muchos heridos de los dos lados. Los agresores fueron retenidos para propósitos de negociación y entregados a la Cruz Roja el mismo día, con sus heridas atendidas. La evidencia está grabada para que el mundo entero lo vea. Ve la parte del documental donde el policía expresa su gratitud por poder pedir una ambulancia. Ve el documental y decide por ti mismo. ¿Los vendedores de flores, acompañados por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros llegaron al mercado de Texcoco la mañana del 3 de mayo para provocar violencia? ¿Tuvieron la menor intención de secuestrar a alguien? o ¿Simplemente insistieron en su derecho a vender sus flores?

Pero ¡qué conveniente! para los responsables del terrorismos del estado cometido en Texcoco y Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 ––Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas, Enrique Peña Nieto y Nazario Gutiérrez–– que estas sentencias se anunciaran el mismo día de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Nacional de México bajo el pretexto de “responder a los reclamos” de la ciudadanía para más seguridad contra la tremenda ola de secuestros y asesinatos que azota el país. Las nuevas sentencias les permitieron jactar aplicar mano dura contra unos “peligrosos secuestradores”. Ahí estuvieron reunidos en un bunker porque no se atreven a caminar libremente en la calle. Junto con todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, tramaron más medidas represivas para controlar a la ciudadanía y escarmentar a los movimientos sociales: la construcción de más prisiones de máxima seguridad; sentencias de pena de muerte y cadena perpetua; más entrenadores desde Washington y Tel Aviv; contrato de mercenarios; vigilancia total de la ciudadanía por teléfono, internet y cámaras en cada esquina de la capital y la creación de una cultura de soplones. Todo esto dentro del marco del Plan México (Iniciativa Mérida) que tiene México bajo el régimen de la seguridad nacional de Estados Unidos y el pueblo secuestrado.

Desde Atenco, la respuesta a las sentencias fue rápida: “¡112 años y medio de cárcel a nuestro compañero Ignacio del Valle! Nos llena de coraje y desde aquí le advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino. Que sus aspiraciones presidenciales se truncarán, que todo lo que orgullosamente ordenó hacer en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo del 2006 ––violaciones, asesinatos, tortura–– no quedarán impunes, que serán un lastre a su campaña presidencial y le darán fin a su carrera “política”, que se quedará como su tío Arturo Montiel en la orilla, lamentando sus torpezas”. Afirma el Frente que busca “la solidaridad de todas las organizaciones nacionales e internacionales para que se le haga juicio político a Enrique Peña Nieto por sus graves violaciones a derechos humanos....”

Hasta ahora ningún alto mando ha sido consignado por los crímenes de estado cometidos el 3 & 4 de mayo en Atenco y Texcoco. 21 policías estatales y locales fueron acusados, y, de ellos, 15 absueltos y 5 acusados sólo de abuso de autoridad. Sólo un policía, Doroteo Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco a realizarle sexo oral, ha sido sentenciado a 3 años en prisión por “actos libidinosos” y no por la tortura. Al pagar $8000 pesos evitará pisar la cárcel.

Varias de las ex presas políticas torturadas a través de la violación y abuso sexual en Atenco también han jurado que “desde abajo, nuestra justicia hará que Peña Nieto, gobernador del Estado de México, responsable político del operativo de Atenco, siga topándose en su camino con mujeres que se planten frente a él con un espejo que diga ‘torturador’”. Han puesto denuncias por la tortura sexualizada ante la FEVIMTRA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional de España y siguen tejiendo lazos de solidaridad con un trabajo constante de denuncia y difusión. Sus valientes testimonios se pueden ver en el documental hecho por el Centro PRODH .

Como respuesta a las sentencias, los integrantes de la Otra Campaña en el Plantón fuera de la prisión ven por el bienestar de los presos y presas, como lo han hecho durante dos años y four meses, primero fuera de la prisión “Santiaguito” y después Molino de Flores, visitándol@s, apoyando a sus familiares, juntando dinero para fianzas. (¿Puedes pensar en otro plantón en cualquier lugar del mundo mantenido ante una prisión durante tanto tiempo, que sea en el frío, en el calor, en la lluvia?) Avisan de un incremento en el hostigamiento al plantón: “El día viernes 22 de agosto a lo largo de todo el día se mantuvo una discreta presencia policiaca alrededor del plantón, pues durante el día un camión de la Agencia de Seguridad Estatal estuvo estacionado por el lugar y se dieron patrullajes constantes de carros y camionetas. El día de hoy 23 de agosto alrededor de las 2 de la madrugada continuó el acoso, con el patrullaje, incluso metiéndose en el estacionamiento del penal donde nos encontramos, de 3 camionetas y dos patrullas de la Agencia de Seguridad Estatal”.

Trinidad Ramírez del FPDT invitó a todos a acompañarlos al lado de la marcha blanca contra la inseguridad organizada por la ultraderecha este sábado 30 de agosto con una manta denunciando el secuestro de los pres@s polític@s de Atenco y Texcoco. También convocó una manifestación ante la Suprema Corte para el jueves 4 de septiembre y anunció que habrá una serie de acciones para impugnar las sentencias. El 15 de septiembre recibirán su compañero Jorge Flores quien ahora puede salir de la clandestinidad debido a su reciente absolución de todos los cargos en su contra.

Se puede firmar una petición exigiendo el retiro inmediato de las sentencias de 67 años y medio contra Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, el retiro inmediato de las nuevas sentencias dictadas la semana pasada, la liberación de todos las y los presos políticos de Atenco, y justicia en los asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés en: contraimpunidad@gmail.com

Puedes hacer tu depósito para la fianza de Patricia Romero, su padre e hijo, así como para los gastos del proceso de todos los compas presos en:
Banorte
Numero de cuenta: # 0515325032
A nombre de: Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan
Clabe para depósitos internacionales: 072180005153250320

“We demand security against kidnapping, too!” Rejection of new sentences in Atenco case

Yesterday, outside the Molino de Flores prison, about 70 members of the Peoples’ Front in Defense of the Land (FPDT) of San Salvador Atenco and members of The Other Campaign shouted out their rejection of the brutal new sentences in the Atenco case while the Zapatista Lawyers went inside to file an appeal. Several demonstrators called to the state police (ASES) guarding the gate: How can you look your own children in the face? They’re poor, like us. What if they turn out to be rebels? Are you going to murder, rape, and torture them, too? And... voilá! Leaving the prison, the lawyer Juan de Dios Hernández reported that Judge Alberto Cervantes, who determined the new sentences, has been replaced. On charges of kidnapping? Conspiracy? Corruption? Ineptitude? None of the above. He was never anything but a vile prosecutor disguised as a judge who had his little deal worked out with the statewide mafia headed by Governor Enrique Peña Nieto. He did the dirty work he was charged with, endorsing and prolonging the kidnapping of Ignacio del Valle and all the other compañeros that took place in Atenco and Texcoco on May 3 and 4, 2006.

The sentences came down last week. ON Thursday, August 21, e-mails were sent out from the Molino de Flores prisoner support camp around noon reporting the early morning presence of approximately 500 policemen outside the prison, including patrol cars and trucks of the State Security Agency (ASE). Were they there to evacuate the encampment? People weren’t sure at first, but before long, the reason for the massive police presence became clear. Sentences were about to be handed down in the court inside the prison. Members of the Peoples’ Front in Defense of the Land (FPDT) of San Salvador Atenco had gotten word and were marching towards Molino de Flores.

And what are these outrageous sentences dictated by the First Judge Alberto Cervantes? Óscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales are supposed to rot in prison for 31 years, 10 months, and 15 days for the crime of aggravated kidnapping.

And Atenco leader Ignacio del Valle? Convicted of being the mind behind the aggravated kidnapping, his fate (according to the State) is to be buried in prison for an additional 45 years, added to the 67 ½ he’s now serving in the Altiplano maximum security prison along with Felipe Álvarez and Héctor Galindo for supposed “kidnappings” that took place in April and February of 2006, before the events of May 3 and 4.

The flower vendor Patricia Romero, subject to hostility in Molino de Flores for several months, received a lighter, yet unjust sentence of 4 years from the Third Judge Albino Cháves; she, her son Arturo Sánchez Romero and her father Raúl Romero Macías will be able to get out on bail if the Public Prosecutor doesn’t appeal the verdict.

As explained by Juan de Dios Hernández, of the Zapatista lawyers collective, these sentences are strictly based on alleged circumstantial evidence: there’s no solid evidence against any of the defendants. The evidence consists of the contradictory statements of the policemen said to be kidnap victims. They claim to be able to identify the responsible parties but also say that the people who supposedly deprived them of their freedom were wearing ski-masks or bandanas and that they couldn’t see their faces. Furthermore, they say that the policemen themselves covered the faces of those arrested and forced them to keep their heads down and for this reason, they hadn’t been able to see them. The statements comprised the same evidence used by the Public Prosecutor to show probable responsibility and hold the defendants in pre-trial detention. “But to sentence someone, the Public Prosecutor doesn’t have to show probable responsibility; he has to show solid proof of the responsibility of the defendants.” He never did that, says Juan de Dios Hernández, not in the original statements given to the Public Prosecutor, not in the amplified statements, and not in the face-to-face confrontation between the policemen and their supposed kidnappers.
There’s more. As shown in the video, a family member who was able to ask Judge Alberto Cervantes about the sentence tells what he said: “I asked him why he had made that decision about the sentence and he said it came down from higher-up, he only had limited jurisdiction and shouldn’t go any further but instead tend to other things. The Magistrate was the one who gave the orders.” It should be remembered that it was Magistrate José C. Castillo Ambriz, President of the Superior Tribune of Justice of the State of Mexico, who met with a commission of demonstrators in Toluca last August 8, promising a speedy resolution in the case. The Magistrate also has a master: Enrique Peña Nieto, who openly brags about ordering the operation in Atenco and Texcoco and has already put himself in the running to be President of Mexico.

To top it off, the sentence states that in the talks that took place on May 2 with municipal PRD party functionaries, no agreement was reached to withdraw the “security” forces and to allow the flower sellers to work at one side of the market where they had always worked, despite the fact that a videotape of the meeting clearly shows the truth. Watch Part 1 of the documentary Atenco Crimen de Estado. Look at the meeting scene. Notice the restraint shown by Ignacio del Valle and his willingness to rely on words to convince the functionaries to do the right thing. Now look at the functionaries. Look at the way they speak. Look at their body language. Are they at ease? Had they already decided they were going to betray the agreement?

Let’s be clear. The supposed “kidnapping” on May 3 2006 was NOT a real kidnapping like those of “el mochaorejas” who cut off his victims ears or that of the son of the magnate Martí, who was killed after his ransom was paid. The “kidnapping” consisted of holding several policemen hostage for a few hours after the conflict that they themselves started, violently evacuating the flower vendors from their traditional place on a street at the side of the market in Texcoco in violation of the May 2 agreement and besieging the house where they and FPDT members took refuge that day, during which time Ignacio del Valle repeatedly requested that the police be pulled back and that a dialogue be initiated. After nine hours, showing no interest whatsoever in a negotiated settlement, the police evacuated the house, arrested the occupants, and beat them with all their might. Now ten people are convicted of “kidnapping” with no evidence against any one of them and Ignacio del Valle is convicted of ordering the “kidnapping” even though he wasn’t even present when the alleged events took place. The police were retained when the townspeople of San Salvador Atenco went out to block a highway to protest the aggression against their comrades in Texcoco. When hundreds of police tried to clear the highway, using extreme violence, the townspeople defended themselves and there were many people wounded on both sides. The aggressors were retained for bargaining purposes and handed over to the Red Cross the same day with their wounds attended to. The evidence is taped for all the world to see. Watch the part of the documentary where the policemen expresses his gratitude for being allowed to call an ambulance. Watch the entire documentary and decide for yourself. Did the flower vendors, accompanied by Ignacio del Valle, Felipe Álvarez and other comrades go to the Texcoco marked on May 3, 2006 to provoke violence? Was it their aim to kidnap anyone? Or were the only insisting on their right to sell their flowers?

But how convenient for those responsible for the state terrorism committed in Texcoco and Atenco on May 3 and 4, 2006 ––Genaro García LUna, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas, Enrique Peña Nieto, and Nazario Gutiérrez–– that these sentences were handed down the very same day of the National Security Council meeting in the National Palace of Mexico under the pretext of “responding to citizens’ demands” for more security in the midst of the wave of kidnappings and murders ripping through the country. There they all were. Along with the state governors and Mexico City Mayor Marcelo Ebrard, they outlined more repressive measures to control the people and make everyone fearful of participating in the social movements: the construction of more maximum security prisons; the imposition of the death penalty and life sentences; more trainers from Washington and Tel Aviv; more mercenaries; total surveillance of citizens by telephone, internet and cameras on every street corner in the capital city; and the creation of a snitch culture. All this in the framework of Plan México (Mérida Initiative), which has Mexico firmly under the United States national security regime and the people of Mexico kidnapped.

The response to the sentences from Atenco was swift: “112 ½ years in prison for our comrade Ignacio del Valle! This fills us with anger and we warn Peña Nieto here and now that we will not stay quiet and will keep right on accusing him of being a rapist and a murderer. He should know that his presidential aspirations will be cut short, that all he proudly ordered in Atenco and Texcoco on May 3 and 4, 2006—rape, murder, torture–– will not go unpunished, that it’ll be a dead weight for his presidential campaign and will put an end to his “political” career, that he’ll end up like his uncle Arturo Montiel on the sidelines bemoaning his stupid blunders.” The FPDT states that it will seek “seek out the solidarity of all national and international organizations to bring Enrique Peña Nieto to a political trial for his grievous human rights violations....”

Up until no high official has been indicted for the state crimes committed on May 3 & 4 in Atency and Texcoco. 21 state and local police were charged and of them 15 acquitted and 5 still charged only of abuse of authority, a misdemeanor. Only one policeman, Doroteo Blas Marcelo, who forced one of the women arrested in the San Salvador Atenco operation to perform oral sex, has been sentenced to 3 years in prison for “libidinous acts” but not for torture. Paying his $8000 peso fine, he’ll never set foot in jail.

Several of the former women political prisoners who were tortured through rape and sexual abuse in ATenco have also sworn that “from the grassroots, our justice will see to it that Peña Nieto, governor of the State of Mexico, and politically responsible for the Atenco operation, will keep on running into women everywhere he goes who stand before him with a mirror that says ‘torturer’”. They’ve filed criminal complaints in the Special Prosecutor’s Office for Violent Crimes against Women, the Inter-American Commission on Human Rights, and the National Audience of Spain, and continue to weave solidarity ties through constant work of denunciation and diffusion. Their courageous testimonies can be seen on the documentary made by the Agustín Pro Center for Human Rights.

In response to the sentences, members of the Other Campaign in the encampment outside the prison are looking out for the well-being of the prisoners, just as they’ve been doing for the last two years and four months, first at “Santiaguito” prison and now ant Molino de Flores, visiting them, supporting their family members, raising bail money. (Can you think of another camp like this anywhere in the world that’s maintained itself outside a prison for such a long time despite heat, cold or rain?) Now participants are sending out notices of increased police harassment at the camp: “On Friday, August 22, there was a discrete police presence all day long around the camp. During the day there was an ASE truck parked outside and constant patrols by truck and cars. Today, August 23, around 2:00 a.m., the harassment continued, with patrols even coming into the prison parking lot where we’re set up. There were 3 truck and 2 ASE patrol cars.”

Trinidad Ramírez of the FPDT invited everyone to join in a counter protest alongside the security march organized by the right wing this Saturday, with banners denouncing the kidnapping of the political prisoners of Atenco and Texcoco. She also announced a demonstration at the Supreme Court on September 4 and several other actions against the sentences. On September 15, Front members will welcome Jorge Flores home from clandestinity with all charges dropped.

You can sign a petition demanding the derogation of the 67 ½ year sentences against Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, and Héctor Galindo, the derogation of the new sentences handed down last week, freedom for all the Atenco prisoners, and justice in the murders of Alexis Benhumea and Francisco Javier Cortés at: contraimpunidad@gmail.com

You can also make a deposit for bail money for Patricia Romero, her father and son and for defense fees at:
Banorte
Account #: 0515325032
In the name of: Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan
Code for international deposits (CLABE): 072180005153250320


Commentaires

Estadísticas

Última actualización

Domingo 24 de septiembre de 2017

Publicatión

2961 Artículos
Aucun album photo
81 Breves
14 Sitios Web
703 Autors

Visitas

626 hoy
1205 ayer
3124583 desde el principio
25 visiteurs actuellement connectés