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INPI – Comunidad Otomí: ¿mayor confrontación o acuerdos de solución?

Miércoles 11 de noviembre de 2020

31 de octubre de 2020

Juan Anzaldo M.

Pasadas estas fechas de reflexión obligada sobre la muerte y los muertos siempre tan presentes, está por darse un quiebre en la relación entre el gobierno federal y los pueblos indígenas y sus organizaciones. Quiebre hacia la confrontación abierta o la distensión desde la toma pacífica de las oficinas centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por parte de la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México el 12 de octubre de 2020, ya que este próximo 3 de noviembre a las 10 de la mañana los inconformes emplazaron a las autoridades federal y local a un primer encuentro para establecer la mesas de diálogo que resuelvan las causas que provocaron la toma.

El director general del INPI, el abogado mixe Adelfo Regino Montes, decidió desde un principio continuar con sus giras y trabajo en sedes alternas en lugar de atender personalmente a la comunidad otomí inconforme. Lejos de encabezar la lucha por la solución de las justas demandas de este “grupo de indígenas” como los llama, continuó con la entrega de obras en diferentes lugares de Oaxaca y encabezó la constitución de la Comisión Presidencial de Justicia para la Tribu Yaqui de Sonora, de la cual es secretario ejecutivo, una de las apuestas más aventajadas del gobierno de la 4T respecto a los pueblos que por décadas han luchado por su territorio, el agua y su cultura.

Aún más en las vísperas del encuentro, encabezó en Palacio Nacional junto con el presidente de la República la única actividad oficial por los días de muertos con la exposición sin público de 20 altares elaborados por sólo 20 representantes de los al menos 68 grupos lingüísticos reconocidos en el país. Las palabras y los hechos reflejan el espaldarazo presidencial frente a los rumores de la salida de Regino Montes del gabinete presidencial. Muy por el contrario hay quien afirma que su carrera política está enfocada a lograr la gubernatura de su natal Oaxaca.

En la ciudad de México también destacaron sus actividades en conjunto con el Movimiento Indígena de la Ciudad de México, integrado por 45 organizaciones locales encabezadas por el MULT, como reza un comunicado difundido en el sitio oficial del INPI (https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/el-dialogo-es-el-mejor-instrumento-para-resolver-las-legitimas-demandas-de-las-comunidades-indigenas-residentes-en-la-cdmx?idiom=es)

Para apuntalar su posición elaboró una estrategia en defensa a su figura por medio de cartas de apoyo de diferentes municipios, agencias municipales, agencias de policía y algunos comisariados de bienes comunales principalmente de Oaxaca, que aparecieron de golpe en las redes de los funcionarios públicos a partir del 20 de octubre y para el 1 de noviembre registraba 12 documentos en la página oficial del INPI (http://www.inpi.gob.mx/gobmx-2020/cartas/index.html), varios de ellos llenos de sellos oficiales.

Destacan los sellos oficiales de municipios, regidurías y otras autoridades de la región ngiwa y ñuu savi del municipio de Santiago Ihuitlan Plumas, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, que mediante un machote repetido varias veces con diferentes sellos, interpelan a la comunidad otomí en resistencia para que desaloje las instalaciones y permita que puedan continuar con sus trámites para la obtención de recursos que les tramita la institución federal.

Por su parte, desde el primer día de la toma se expresaron en apoyo a la comunidad otomí el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno, algunas de cuyas concejales son precisamente pertenecientes a la comunidad otomí. Se realizaron conversatorios desde la sala de juntas de la dirección general del INPI, con la participación de María de Jesús Patricio (Marichuy, la excandidata presidencial del CIG-CNI-EZLN), Carlos González entre otras concejales y representantes de otras regiones del país. También enviaron cartas de apoyo la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, mientras que en la región de la Sierra Negra, integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) bloquearon las oficinas locales del INPI en apoyo a sus hermanos otomíes.

Las demandas particulares de la comunidad otomí tienen su origen en la lucha que por 20 años han sostenido por una vivienda y el recrudecimiento de su situación tras los desalojos obligados a raíz de los terremotos a partir del 2017. Según los expedientes presentados por la Comunidad Otomí, desde la administración pasada se avanzó en la desincorporación de diferentes predios pero por el cambio de gobierno desde finales de 2018 apenas hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial local el acuerdo, pero aún falta la firma de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Sus demandas han crecido al ejercicio pleno de sus derechos a la salud, educación, empleos dignos, así como la cancelación de los proyectos neoliberales del Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos, entre otras luchas nacionales, que representan los proyectos de infraestructura claves para el actual gobierno federal, pues está en sus planes para impulsar el desarrollo nacional y que afectan vertebralmente importantes regiones indígenas y las algunas de las últimas reservas ecológicas del mundo.

Es por ello que este martes 3 de noviembre, si es que se da este primer encuentro, sabremos que estaremos enfilados hacia la serie de confrontaciones y enfrentamientos que vendrán, al apostar a la más profunda división de comunidades, pueblos y organizaciones indígenas del país, al otorgar recursos y prebendas a quienes lo respalden y garrote a quien lo confronte; o utópicamente encabeza la demanda de la Comunidad Otomí hasta su solución para permitir el desalojo pacífico de las instalaciones.

Algunos de los funcionarios actuales de la 4T ya formaron parte de gobiernos anteriores o han estado en la nube de intelectuales y líderes indígenas que han conformado una clase política vinculada a los poderes locales estatales y al federal desde hace ya varios lustros y décadas. Se percibe entonces la lucha por lograr hegemonizar la legitimidad y legalidad con que operan las instituciones públicas y quienes llegan a ser funcionarios públicos, respecto a la representatividad de encabezar al México indígena, como se expresa con el bastón de mando oaxaqueño que se ha incorporado al logotipo oficial del INPI. Es evidente que el Director General del instituto es nombrado por una sola persona (el presidente de la República) y no es elegido democráticamente por los integrantes de los propios pueblos. Esta confusión entre el servicio público del gobierno y la representatividad de todos los pueblos indígenas del país se encuentra también entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Indígena presentado por el actual gobierno en donde se destaca la pretensión de elegir y convalidar autoridades indígenas desde la institución pública, negando e ignorando procesos organizativos de largo tiempo ajenos y contrapuestos a la visión y pretensiones gubernamentales. Para los opositores a los mega proyectos desarrollistas está claro que el mayor objetivo y por lo que serán recordados los actuales funcionarios gubernamentales será lograr la convalidación de los mismos a cualquier costo, lo que significará orillarlos un poco más hacia su extinción y la de su entorno natural.

Por la trayectoria y dirección que toman los acontecimientos, lo más probable es el choque de trenes, aunque siempre hay que apelar a oportunidades de solución increíbles.

Fuente: https://ceacatl2010.wordpress.com/2020/11/01/inpi-comunidad-otomi-mayor-confrontacion-o-caminos-de-solucion/

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