Tres miembros de la OFPM son detenidos en retén militar

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a los hermanos Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola, miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) en la comunidad de Ocotlán, municipio de Ayutla, Guerrero al mediodía del 1º de julio. Los tres detenidos habrían sido trasladados a la Procuraduría General de la República en Acapulco después de permanecer en el Batallón de Cruz Grande.

La detención de los medios hermanos de Manuel Ponce Rosas (desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en febrero de este año junto con Raúl Lucas Lucía) estuvo a cargo de elementos del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande.

AU- 027- 2009- OFPM- GRO.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

El motivo para deternerlos, argumentaron, fue que «es porque supuestamente portaban un revólver calibre 22 y una pistola tipo escuadra», según información publicada en La Jornada Guerrero,

Apenas el pasado 25 de junio Santiago Ponce junto con Margarita Marín de las Nieves, viuda de Manuel, fueron víctimas de una emboscada de la que resultaron ilesos, lo que fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan relató al diario El Sur de Acapulco que hasta a las 5 de la tarde los indígenas «se encontraban incomunicados en Ayutla y que había preocupación porque los militares no les permitían declarar lo que a su derecho conviene» y que uno de los detenidos, Alicio, es menor de edad pues tiene 16 años.

Este hecho se da en un contexto de una fuerte militarización en la vida civil del estado de Guerrero, donde son constantes los retenes, revisiones e incursiones militares en comunidades y poblados y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas se vive bajo constantes riesgos y amenazas. Es por ello que organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Latin America Working Group Education Fund y Washington Office on Latin America critican que los defensores guerrerenses «siguen siendo víctimas de ataques y amenazas», pues solo se ha cumplido a medias una de las medidas cautelares para su protección.