¿Crisis de Derechos Humanos o esencia del sistema capitalista?

¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
Jueves 12 de noviembre de 2015
por  OLEP
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Para algunos especialistas, analistas e incluso organizaciones sociales lo sucedido en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y la impunidad que hasta hoy se mantiene en el caso es resultado de una crisis estructural en materia del cumplimiento de los Derechos Humanos de la población y de una crisis de corrupción del Estado.

Nosotros no coincidimos con esa opinión, nosotros afirmamos que el acto de terrorismo de Estado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la impunidad sostenida con base en mentiras y el sistema judicial imperante refleja la esencia (“el corazón podrido” diríamos nosotros) del sistema económico capitalista que ha sustentado su origen y desarrollo en el aplastamiento de la vida de millones de personas. Lo sucedido en Iguala es resultado de la profunda crisis económica que vive hoy el capitalismo en todo el mundo y en particular en México.

Sostenemos que lo que para algunos es una crisis de impunidad, de corrupción y de violaciones de derechos humanos no es más que resultado de la implementación a “sangre y fuego” del neoliberalismo en nuestro país; que la corrupción y la impunidad imperante en México no son las causas de las graves violaciones de derechos humanos, sino el efecto de la inhumanidad de la que se sirve la clase dominante para perseguir la máxima ganancia a costa de todo y de todos.

La corrupción, la impunidad y las violaciones permanentes y sistemáticas contra los derechos humanos de la mayoría de la población son inherentes al sistema capitalista de producción que hoy ante su crisis económica intensifica y profundiza su política neoliberal sin importar el aumento del grado de crueldad ejercido hacia todo aquél que se oponga a sus intereses económicos o políticos o que para “su mala suerte” se atraviese en su camino.

El motivo de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de los estudiantes y no estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014 lo debemos de buscar en cómo se ha venido despojando de su territorio a pueblos y comunidades del estado de Guerrero (y en todo el país) para la explotación minera y maderera principalmente; la motivación debemos buscarla en la estrategia de control social y contrainsurgente que lleva años aplicándose en ese estado; y también en las leyes que legalizan la explotación al máximo de la fuerza de trabajo y le niegan a ésta, toda posibilidad legal de defenderse.

La motivación para desollarle el rostro a un joven la debemos de buscar en el entrenamiento de los elementos de las fuerzas militares, policiacas y paramilitares en el uso del terror para inmovilizar a la población, para acallarla, para hacerla cómplice de las prácticas de sometimiento de un Estado que ha planificado una estrategia para beneficiar a una cuantas empresas nacionales e internacionales y, por supuesto, a sus dueños.

En los años ochenta los militares salvadoreños empalaban a quienes consideraban base social de la insurgencia, en Guatemala degollaban y abrían el vientre a las mujeres embarazadas, en Perú envolvían vivos a los prisioneros con la piel de un animal recién desollado para que, cuando ésta se pudriera, los gusanos que ahí se alojaban se comieran viva a la persona. Los métodos más crueles de tortura y ejecución han sido inventados por los militares al servicio de la clase burguesa para mantener su sistema económico y político de dominación.

Claro, la burguesía dirá que no es cierto, y algunos funcionarios de otros países dirán incluso que lo que pasa es que el Estado está ausente porque no sabe qué hacer o no quiere, omitiendo decir la verdad: el Estado, este Estado mexicano está al servicio de los intereses de la burguesía y, al mismo tiempo, como clase, es igual o más responsable de lo que está sucediendo en nuestro país.

Es lamentable leer que esta verdad es la que casi nadie se atreve a decir; es lamentable que aún en lo que se dice “izquierda” se hable más de la corrupción que de las razones económicas y políticas de esta clase para continuar masacrando a la población; es lamentable que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos no hablen de manera amplia y abierta del derecho de las víctimas a la Reparación Integral del Daño y dentro de este derecho, omitan las llamadas garantías de no repetición.

Las garantías de no repetición son las medidas políticas, jurídicas, económicas y sociales, que permiten que las estructuras legales e ilegales que originan y fomentan las violaciones de derechos humanos, e incluso crímenes de lesa humanidad, sean destruidas y sus responsables castigados.

Del oportunismo no nos sorprende que se quede en la superficie de la realidad y no desee profundizar en las causas y que además intente, como siempre, estar al frente del movimiento cuando la ola está en ascenso. Será interesante conocer cómo justificarán su ineficacia, su incongruencia, su falta de compromiso para llegar en serio a la verdad de los hechos y, sobre todo, al saber la Verdad, comprobar una vez más que no estarán dispuestos a luchar con energía y firmeza por la Justicia y la Reparación Integral del Daño, porque pedirles que luchen contra el capitalismo sería ingenuo de nuestra parte.

Nosotros los integrantes de la OLEP tenemos un compromiso con nuestro pueblo: transformar la realidad capitalista que nos oprime, vincular las luchas inmediatas del pueblo con las luchas a largo plazo, elevar el nivel de conciencia proletaria para construir alternativas organizativas que nos permitan terminar de raíz con las desgracias que se originan en este paraíso de la descomposición humana y de las justificaciones simplonas que pretenden convencernos de que el sistema económico y social existente no es su origen.

¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!

NOTA: Este artículo fue publicado como EDITORIAL del No. 11 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.

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