Reporte preliminar de violaciones a los DDHH en Morelos

Domingo 19 de octubre de 2008
por  Ké Huelga Radio
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Reporte preliminar de violaciones a los derechos humanos hacia el movimiento magisterial y los pueblos indígenas de Morelos

El movimiento magisterial democrático de bases en Morelos iniciado el 13 de agosto de 2008 en defensa de la educación pública y en contra del proceso privatizador que significa la Alianza para la Calidad Educativa, ha tenido un fuerte impacto social, sindical, político, cultural y económico en la estructura socioeconómica y en el entramado social de los pueblos y comunidades, así como en el conjunto de clases y sectores sociales, polarizando posiciones a favor y en contra, motivado y ampliado por una política autoritaria, despótica y arbitraria, antidemocrática y represiva que ha impuesto el gobierno del Estado, quien ha utilizado un doble lenguaje al proclamar por todos los medios que está dispuesto al diálogo únicamente en el marco de lo que ellos consideran Estado de Derecho, sin preservar el contenido fundamental de lo que significa la democracia, la consulta, la legalidad y la justicia para garantizar el derecho a la educación y aplicando una política represiva que utiliza todo el aparato ideológico para criminalizar el movimiento social hasta escalar a niveles extraordinarios las acusaciones, persecución, detenciones, tortura, utilización excesiva de la fuerza, estableciendo una sistemática violación de las garantías individuales y las libertades democráticas con una lógica de militarización y de estado policíaco.

Esta situación se ha expresado con toda su crudeza durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre cuando el gobierno estatal y federal utilizó toda la fuerza del estado para militarizar con elementos del Ejército Federal Mexicano y tropas de la Policía Federal Preventiva para no solo desalojar y reabrir las carreteras en Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla para garantizar el libre tránsito, como fue la justificación legal de su intervención, sino que cometieron toda clase de abusos de poder, violaciones graves a los derechos humanos, con una gran cantidad de heridos, detenidos, allanamientos de morada, agresiones a niños y mujeres, ancianos y pueblo en general, estableciendo por lo tanto una represión generalizada que representa más que un acto de justicia y de reestablecimiento del orden y la legalidad un verdadero acto de venganza, como lo documentamos en la presente investigación llevada a cabo por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa con la participación de decenas de promotoras y promotores de derechos humanos del magisterio en movimiento y de los pueblos participantes en luchas en defensa del medio ambiente, quienes con su observación directa en el lugar de los hechos, la transmisión inmediata de la información mediante el uso de teléfonos celulares para enviar mensajes de texto y la documentación precisa de nombres y lugares, permitió obtener respuestas inmediatas para ubicar a los desaparecidos, interponer amparos (1666/2008-1 por los detenidos en Amayuca y el 1680/2008-V por los detenidos en Xoxocotla), buscar y localizar a los detenidos, coordinarnos para asegurar que hubiera las asesorías y acompañamiento en las declaraciones ante el MP una vez puestos a disposición, para garantizar el derecho humano al debido proceso (sola para el caso Xoxocotla ante la PGJ y no así ante la PGR por los detenidos en Amayuca) así como la atención médica en los casos más graves.

Como lo hemos señalado en documentos elaborados por las organizaciones defensoras de derechos humanos participantes en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos: Actualmente los contenidos de los conceptos de Legalidad, Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos están en disputa. Cuando el gobierno mexicano habla de legalidad, Estado de Derecho y Democracia, no está hablando de lo mismo que se entiende por estos conceptos desde los Derechos Humanos, sino que lo hace desde el autoritarismo.

La Legalidad de la que habla es una "mera legalidad" que consiste en la autorización legal para utilizar la violencia sin una rígida vinculación a la ley misma. Una mera legalidad que se vale de figuras delictivas dotadas de cierta elasticidad, no taxativas, que dejan el campo libre a la arbitrariedad. Es decir, esta "mera legalidad" se basa en el alto grado de indeterminación semántica que caracteriza a la mayor parte de los tipos delictivos, y en la discrecionalidad punitiva donde cuando se trata de sancionar la corrupción de funcionarios públicos, de alto nivel se alude a la presunción de inocencia y la falta de pruebas, quedando esta en la impunidad, mientras que para sancionar la protesta social se invoca la aplicación de todo el peso de la Ley, la Legalidad y el Estado de Derecho, con pocas o ninguna pruebas y sin garantías de debido proceso para los acusados. Todo en nombre de la Legalidad y el Estado de Derecho.

Así, el argumento que escuchamos una y otra vez por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, cuando se detiene a líderes de movimientos o se reprime alguna manifestación, es que lo que se protege es el Estado de Derecho, la legalidad y la Democracia.

Desde los derechos humanos, la Democracia es una democracia sustantiva, en la que las normas sustanciales, sancionan, a través de los derechos fundamentales, los fines del ordenamiento.

El ejercicio efectivo de la Democracia requiere como presupuesto el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En una democracia Constitucional, la pobreza extrema es ilegal ya que las condiciones de legitimidad del Estado, es decir, las condiciones para que un Estado merezca obediencia, no se alcanzan allí donde el Estado niega a millones de personas, a través de un orden institucional inequitativo, los recursos mínimos para una vida digna.

En resumidas cuentas, no hay democracia sin derechos humanos, tomados estos en su conjunto, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la plena vigencia de los derechos humanos es lo que caracteriza al Estado de Derecho y la Legalidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la criminalización d la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de expresar su opinión.

La protesta es una de las formas de Garantías de los derechos. Es una garantía Extraconstitucional o social de los derechos, es decir, la protesta es un instrumento de defensa o tutela de los derechos que depende directamente de sus titulares. El ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos funciona como garantía de, por lo menos, la expresión del descontento y la denuncia en el espacio público. Entre estos derechos, vinculados con el de la protesta, y que funcionan como garantías tenemos:

Libertad de Expresión

Libertad de Manifestación

Libertad de Asociación

Libertad de formar partidos políticos

Derecho de acceso a la información.

La CIDH ha señalado que "las restricciones al ejercicio del Derecho de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan.

La CIDH ha considerado que "en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación." Así mismo la Comisión se ha referido a que la detención de participantes en manifestaciones pacíficas, atenta contra la libertad de reunión.

Por su parte, la Corte Europea de derechos Humanos ha establecido que "Una manifestación puede causar molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben poder manifestarse sin miedo a sufrir violencia física por parte de sus opositores, dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que afectan a la comunidad. En una democracia el derecho de oponerse a una manifestación no puede extenderse hasta el punto de inhibir el ejercicio del derecho a manifestarse."

Un estado represor utiliza, entre otras, las siguientes formas de respuesta ante la protesta social:

RENUNCIA AL DIÁLOGO

REPRESIÓN POLICIAL

DESCALIFICACION

MILITARIZACIÓN DE LA VIDA CIVIL

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Las diferentes formas en las que esta criminalización se manifiesta son;

DETENCIONES ARBITRARIAS Y OTRAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO,

EQUIPARACION DE LUCHADORES SOCIALES CON DELINCUENTES

AGRAVAMIENTO DE LAS ACUSACIONES

ILEGALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL

FALTA DE DEBIDO PROCESO PENAL

Sin embargo en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino un espacio de participación. "El derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática." De ese modo, el "foro público" considera justamente a las calles como lugares especialmente privilegiados para la expresión pública.

PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO.

Análisis de los datos de la tabla anterior:

U =139

De ahí tenemos:

43 Mujeres lo que representa el 30.93%

96 Hombres lo que representa el 69.06%

19 Mujeres indígenas lo que representa el 13.66%

16 Hombres indígenas lo que representa el 11.51%

7 Niños lo que representa el 5%

2 niños y 5 niñas

Del total tenemos:

5 Personas que pertenecen al magisterio

16 Personas civiles

35 Indígenas

83 No se tienen datos para ubicar a que grupo pertenecen.

Del análisis de las violaciones a los Derechos Humanos que sufrieron los hombres tenemos:

Detenciones arbitrarias 13%

Privación ilegal de la libertad 12%

Tortura 1 persona

Derechos de los Pueblos indígenas 18%

Mujeres indígenas que se les violentaron sus derechos
como mujeres 9.35%

SOLO UNA MUJER NARRA ABUSO SEXUAL A ELLA Y OTRAS MUJERES, USO DE PALABRAS ALTISONANTES, AMENAZAS DE VIOLACIÓN Y DE LLEVARLAS A OTRO LUGAR.

Del total de mujeres que nos narran su testimonio o sabemos de su experiencia y presencia en la represión, CINCO MUJERES, fueron detenidas y llevadas a la Torre Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública, una es de la tercera edad. Todas fueron incomunicadas y detenidas, finalmente liberadas sin que se les fincaran cargos, solo les dijeron pueden irse, no hay delito que perseguir.

Cuernavaca, Morelos a 19 de octubre de 2008.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Asamblea de Amparados contra la Ley del ISSSTE.


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