A mas de dos meses del feminicidio de Tatiana Trujillo en Ocosingo las autoridades retardan las investigaciones
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 2 de Julio de 2010
Boletín de Prensa No. 11
A dos meses y 14 días del feminicidio de Tatiana Trujillo en Ocosingo
las autoridades retardan las investigaciones
• Elmar Darinel Díaz Solórzano, esposo y ex diputado federal por el PRI, señalado como el asesino, sigue prófugo.
Este Centro de Derechos Humanos ha constatado, por la documentación en la averiguación previa No. 117/se218-T1/2010 y testimonios de los familiares de Tatiana, la pésima investigación realizada por la Fiscalía de Distrito Selva encabezada por José Luis Gómez Santaella; además la intervención de policías municipales fue totalmente irregular, incompleta y mal integrada de manera deliberada, lo cual provocaría que Elmar Darinel Díaz Solórzano, pueda usarlo a su favor, argumentando violaciones al debido proceso y dejar este asesinato en la impunidad.
Por otra parte, este Centro de Derechos Humanos ha constatado durante la revisión del expediente ante la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio, encabezada por Luis Alberto Sánchez Sánchez, que existe deficiencias en las investigaciones y una clara lentitud para realizar acciones en contra de Elmar Darinel Díaz Solórzano, a pesar de tener pruebas suficientes para su búsqueda, localización y detención. Hasta la fecha no hay una orden de aprensión, con lo cual contribuye a encubrir la responsabilidad de Elmar Darinel.
Para recordar, el pasado 19 de abril de 2010, aproximadamente a las 6:00 hrs. en Ocosingo fue hallado, en su casa, el cuerpo sin vida de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada por un disparo de arma de fuego. Elmar Darinel Díaz Solórzano, esposo de Tatiana, que según testimonio es señalado como responsable, hasta el momento se encuentra prófugo.
Las investigaciones están plagadas de actos de discriminación, ya que carecen en su totalidad de una perspectiva de género, en especial en la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en que se desenvolvió el homicidio por cuestión de género, la cual vulnera el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer, como es el de Tatiana Trujillo, propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte de la vida diaria.
La Convención Belem do Pará afirma en su preámbulo que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y establece en su artículo 7 apartado f que los Estados deberán llevar a cabo lo siguiente: “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.” Así mismo la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra Mujer establece que se deberá prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer.
Ante esta situación de obstrucción de la justicia este Centro de Derechos Humanos exige:
• Detención y sanción penal a Elmar Darinel Díaz Solórzano, quien es señalado como el autor material del asesinato de Tatiana Trujillo Rodríguez;
• Investigación exhaustiva sobre la responsabilidad, ante la negligencia de Ministerios Públicos y demás funcionarios tanto de la Fiscalía de Distrito Selva como de la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio y proceder como marca la ley que corresponda.
Contexto
Ante los hechos expuestos queda manifiesto el uso del poder político y económico de Elmar Darinel Díaz Solórzano, para evadir la justicia, ya que según los testimonios es parte de la clase política chiapaneca; ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo suplente fue Pedro Chulin , líder de la OPDDIC; y ex candidato del PRI a la diputación local.
Es importante señalar la ineficacia de la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas, que entró en vigor el 23 de marzo del 2009, ya que las agresiones hacia las mujeres en la mayoría de los casos siguen en la impunidad. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado durante el 2009 y lo que va del año 109 denuncias de violencia contra la mujer: 5 por violencia sexual, 73 por violencia doméstica, 7 por violencia laboral, 10 por despojo de tierras, 5 por arbitrariedades en el sistema judicial, 3 por violencia psicológica (incluye allanamiento de morada por militares y amenazas), 2 por muerte violenta y 4 por negligencia médica. El 70% de los casos se produjeron en el ámbito urbano, especialmente en San Cristóbal de Las Casas, mientras el otro 30% ocurrieron en el ámbito rural (municipios de Zinacantán, Ocosingo y Venustiano Carranza).
Así como lo registra el trabajo periodístico publicado en Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) por la corresponsal Patricia Chandomí, en el artículo “Chiapas, el paraíso de la impunidad” donde se afirma que: “en Chiapas en lo que va de este año, la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido y se registran 14 asesinatos, de acuerdo al seguimiento de los casos realizado por el Colectivo de Mujeres (Colem).”
Es preciso señalar que José Luis Gómez Santaella es el mismo fiscal que fue trasladado de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán de Domínguez por el caso de las agresiones y amenazas de muerte en contra de Margarita Guadalupe Martínez y su familia, a la Fiscalía de Distrito Selva, en donde ha actuado con los mismos procedimientos irregulares: encubrimiento, dilación y negligencia.


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