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A cinco meses del sismo 19-S

Jueves 22 de febrero de 2018

COMUNICADO DE PRENSA

A cinco meses del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre que dejó docenas de fallecimientos y miles de personas en las calles de la Ciudad de México, un nuevo terremoto el pasado 16 de febrero -de 7.2 con epicentro en las cercanías de Pinotepa Nacional, Oaxaca- ratificó que los daños y las necesidades de los damnificados siguen aquí, sin respuestas y soluciones claras por parte de las autoridades e instituciones encargadas del proceso de reconstrucción.

Nuestra ciudad no está en condiciones de normalidad ni de “saldo blanco” cuando hay miles de familias que por más de cien días han tenido que vivir fuera de sus hogares. Mientras haya damnificados la emergencia está vigente.

En este contexto, la postulación de Miguel Ángel Mancera Espinosa al Senado de la República prioriza, lamentablemente, una aspiración política sobre la atención urgente que reclaman los ciudadanos.

La salida del Jefe de Gobierno de su cargo se perfila de manera irresponsable pues no cumplió ni medianamente con las labores de reconstrucción que, previamente y de manera enfática, se había comprometido a realizar.

La renuncia del titular de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, Ricardo Becerra Laguna, y de otros dos integrantes Mauricio Merino y Katia D’ Artigues –motivada por la discrecionalidad del destino de recursos y presentación de proyectos opacos por parte de tres asambleístas- pone en evidencia las deficiencias y nula transparencia en la Ley de Reconstrucción y el manejo del Fondo de Reconstrucción contemplado en el Decreto de Egresos para la Ciudad de México en 2018.

El comisionado se retira irresponsablemente en medio del diálogo que sostenía con Damnificados Unidos, sin haber cumplido su tarea y sin dar la pelea por el correcto destino de los recursos a la que alude. Condenamos también que Becerra Laguna fechó su renuncia el día que comprometió acuerdos con nosotros en materia de demoliciones y cuando ya se había establecido una ruta de debate sobre acceso a los recursos para la reconstrucción de nuestros hogares.

El mal afamado triunvirato de asambleístas niega cínicamente tener el poder que se otorgó en la ley y el presupuesto, mientras se preparan también para recolocarse en la carrera política. Lo cierto es que no hay certeza ni transparencia de los recursos que se han ejercido, o se ejercerán, para reconstruir viviendas y edificios dañados por los sismos.

Las renuncias y salidas de funcionarios por reacomodos políticos y las disputas entre ellos crean un vacío en el que reina nuevamente la ausencia de responsabilidad gubernamental precisamente mientras un nuevo sismo nos sacude y nos recuerda la vulnerabilidad en que nos encontramos. Hace cinco meses, ese mismo vacío también estaba presente en los trabajos para la emergencia.

Advertimos el riesgo de que la reconstrucción se paralice, a que sea secuestrada por una “veda electoral” mientras los políticos hacen sus campañas o, peor aún, que los recursos destinados a esa tarea sean ejercidos para fines distintos a las necesidades de los damnificados.

Ante esta situación, Damnificados Unidos de la Ciudad de México fija su postura en los siguientes términos:

• Rechazamos el uso discrecional, con fines políticos o electorales; exigimos la transparencia en la asignación de los recursos del Fondo para la Reconstrucción.

• Insistimos, como lo hemos hecho reiteradas veces, en la transparencia de las donaciones de particulares extranjeros y nacionales, para su eficaz aplicación en las tareas de reconstrucción.

• Buscamos ser parte activa en la toma de decisiones y en la vigilancia del uso de los recursos destinados para la Reconstrucción, estén bajo la jurisdicción de quien estén, así como que se detenga de inmediato su ejercicio sin esta garantía y sin la suficiente transparencia.

• Demandamos la revisión y modificación de los artículos 24 y 30 – entre otros- de la Ley para la Reconstrucción; y los artículos 13 y 14 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018.

• Solicitamos apertura para que el conjunto de la Ley para la Reconstrucción sea revisada y corregida mediante el diálogo con los afectados con la finalidad de que realmente apoye, de manera universal y con recursos públicos, a los damnificados en la recuperación de sus viviendas.

• Exigimos el incremento del monto destinado a la Reconstrucción, tanto de recursos federales como de recursos estatales.

• Demandamos la continuidad de las mesas de trabajo con carácter resolutivo y la validez de los acuerdos, que se realizaron desde el 12 de enero en la Asamblea Legislativa con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, y programadas hasta el 17 de febrero en la sede de la Comisión para la Reconstrucción, suspendidas hasta ahora debido a la renuncia de los funcionarios mencionados, así como la participación en ellas de toda instancia implicada en la reconstrucción.

• Continuidad de los acuerdos establecidos durante estas mesas con relación a los procesos de inclusión y registro en la Plataforma CDMX para garantizar la certeza jurídica de todos los damnificados.

• Celeridad en la entrega y corrección de dictámenes por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF) para quienes aún no cuentan con este documento.

• Continuidad y certeza en los procesos de demolición, reconstrucción y rehabilitación o reforzamiento de los inmuebles dañados en los términos acordados en las mesas de trabajo ya mencionadas.

• Agilizar las acciones de emergencia y la realización de estudios del subsuelo en las zonas de Tláhuac y Xochimilco, donde la falta de atención gubernamental es especialmente grave.

• Reiteramos también nuestra exigencia de ser reconocidos como interlocutores en la defensa de nuestros derechos como víctimas del desastre.

• Solicitamos al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que establezca, antes de que abandone su cargo, una ruta crítica que garantice el cumplimiento de nuestras demandas.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo con los funcionarios que sean designados al frente de la Comisión para la Reconstrucción, y con quienes asuman las responsabilidades de gobierno pues nuestro mayor interés es recuperar nuestro patrimonio y estar en condiciones de volver a habitar nuestros hogares con la máxima certeza y seguridad.

Al mismo tiempo continuaremos organizándonos hasta alcanzar nuestro objetivo, la reconstrucción con cargo al fondo público sin transitar por la ruta de los créditos o la redensificación.

Por último convocamos a la ciudadanía en general a no olvidar, a solidarizarse con las condiciones de emergencia de todos los damnificados del país, pues insistimos que buscamos sentar un precedente histórico para que nunca más en México el gobierno traslade la responsabilidad de una catástrofe a los directamente afectados.

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