Justicia para Ayotzinapa

Miércoles 12 de diciembre de 2012
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JUSTICIA,DEMANDA CENTRAL EN LA CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN CONTRA LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, GUERRERO

- A un año de los hechos, destacan estudiantes el incumplimiento de la Recomendación 1VG/2012 de la CNDH

Chilpancingo, Guerrero, a 12 de diciembre de 2012.- En un ambiente enrarecido tanto por la injustificada decisión de suspender labores en las sedes de los poderes Legislativo y Ejecutivo como por las lamentables declaraciones del Gobernador Ángel Aguirre Rivero en contra de la comunidad de defensores de derechos humanos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron el primer aniversario de la represión ocurrida el 12 de diciembre de 2011, cuando una protesta estudiantil fue respondida con el uso excesivo e irracional de la fuerza pública.

A efecto de conservar la memoria de los hechos, los normalistas convocaron a una marcha y celebraron pacíficamente una ceremonia religiosa en las inmediaciones del sitio donde hace un año el reclamo estudiantil fue respondido con la fuerza letal. Durante este acto, presentaron su testimonio y exigieron justicia los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas ejecutados extrajudicialmente. Del mismo modo, intervinieron varios de los estudiantes que fueron detenidos y torturados durante esa jornada. Finalmente, intervino también Miguel Álvarez Gándara, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y vocero de la Comisión Civil de Interlocución creada después de los hechos.

Adicionalmente, durante la conmemoración, externaron su solidaridad con la lucha estudiantil de Ayotzinapa múltiples organizaciones civiles, sociales, sindicales y campesinas.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la conmemoración de la represión del 12 de diciembre confirma una vez más el carácter pacífico de las manifestaciones con que los normalistas han reclamado justicia. Los actos de protesta no tienen como fin generar violencia contra las instituciones sino exigir que el estado cumpla con sus obligaciones de fortalecer una educación pública y sobre todo hacer justicia a las víctimas. Igualmente, el recuerdo de las violaciones a derechos humanos cometidas hace una año permite insistir una vez más que la gravedad de lo ocurrido exigía una respuesta estatal integral para garantizar justicia, verdad, reparaciones y, sobre todo, la no repetición de los hechos.

No obstante, a 12 meses de distancia, aspectos centrales de lo ordenado en la histórica Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) permanecen incumplidos. Especialmente, preocupa que sólo se encuentren sujetos a proceso penal dos policías ministeriales, como autores materiales, bajo una acusación formulada deficientemente por la Procuraduría del Estado, que podría ser revertida por la Justicia Federal debido a dichas deficiencias. Asimismo, no se ha avanzado en el juicio político instaurado en contra de quienes ocuparan los cargos de Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia del Estado; por el contrario, las posiciones sostenidas por diversos legisladores en la reciente comparecencia de los estudiantes ante el Congreso puso en evidencia que dicho juicio tiende a exonerar a los exfuncionarios sujetos a ese proceso.

En cuanto a otras medidas de no repetición, es de señalar que hasta ahora no se han adoptado las reformas legislativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el estado de Guerrero, pese a que la sociedad civil ha presentado una iniciativa que cumple con los estándares internacionales en la materia. Atendiendo a ello, considerando también que la tortura no ha sido sancionada penalmente y que poco a poco han vuelto a ocupar posiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado personas que se vieron implicadas en la siembra de evidencia y la tortura, es posible afirmar que en el presente podrían volver a ocurrir los hechos que el 12 de diciembre de 2011 culminaron en el intento de incriminar a un estudiante mediante la tortura y la introducción de un arma AK47 en el lugar de los hechos por parte del personal ministerial.

Finalmente, no se han tomado medidas extraordinarias para defender y vigorizar el proyecto de educación pública rural que inspira a la Normal de Ayotzinapa, y que hoy resulta tan necesario en la entidad.

Las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2011 permanecen en la memoria de la sociedad guerrerense y marcan, de forma indeleble, al gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Lo que ahí sucedió no fueron “lamentables hechos” sino graves violaciones a los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales y, en esa medida, siguen exigiendo respuestas extraordinarias que, en tanto no lleguen, seguirán siendo exigidas por las víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles.


COMPARECEN NORMALISTAS DE AYOTZINAPA ANTE COMISIÓN A CARGO DEL JUICIO POLÍTICO INSTRUIDO CONTRA EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE ÁNGEL AGUIRRE, ANTES DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE

* Presentan estudiantes pruebas sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el fallido desalojo

* Demandan que el juicio político culmine con la sanción de los funcionarios sujetos a dicho proceso

* Se declara Ayotzinapa en alerta ante posibles provocaciones durante la marcha con la que se conmemorará el primer aniversario de los hechos

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de diciembre de 2012.- El día de hoy, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, comparecieron ante la Comisión Legislativa que instruye el juicio político instaurado en contra de quienes fungieran como Procurador General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero el 12 de diciembre de 2011, cuando un fallido intento de desalojar a los estudiantes culminó con graves violaciones a derechos humanos.

Aunque el juicio político forma parte del cumplimiento de la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la cual el Ombudmsan Nacional estrenó su nueva atribución para indagar mediante un procedimiento especial violaciones graves a derechos humanos, no hubo presencia de dicho organismo público durante la comparecencia. Los estudiantes comparecieron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Al acudir ante los legisladores y las legisladoras que integran la Comisión Instructora, los estudiantes normalistas presentaron nuevamente pruebas irrefutables sobre la comisión de graves violaciones a derechos humanos el 12 de diciembre de 2011 y sobre la responsabilidad que en los hechos tuvieron, en distintos niveles, el Gobernador del Estado, la Secretaria de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Así, con base en testimonios de quienes presenciaron los hechos como víctimas de graves violaciones a derechos humanos, los estudiantes de Ayotzinapa reconstruyeron cronológicamente los hechos. De esta manera, precisaron cómo la indolencia del Gobernador y de la Secretaria de Educación se tradujo en cerrar los canales de diálogo y propició la protesta estudiantil. Igualmente, señalaron la forma en la que los elementos de la Policía Federal que se encontraban en la entidad como parte del “Operativo Guerrero” desencadenaron un innecesario escalamiento de la violencia, al comenzar la agresión con gases lacrimógenos y posteriormente con armas de fuego, pese a que ante la opinión pública la dependencia a cargo de Genaro García Luna quiso desvirtuar este hecho. Del mismo modo, recordaron cómo la Policía Preventiva Estatal era azuzada a violentar a los estudiantes por el propio Subsecretario de Seguridad Pública de extracción castrense. Finalmente, respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, los testimonios indicaron contundentemente el modo en que elementos de la Policía Ministerial del Estado se presentaron en el lugar de los hechos portando armas largas y explicaron cómo torturaron a varios estudiantes en su infructuoso intento de incriminarlos para generar una versión distorsionada de lo acontecido.

Después de reconstruir los hechos, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos demandaron a la Comisión Instructora imponer sanciones en el ámbito de su competencia a los dos exfuncionarios que se encuentran sujetos a juicio político. Sobre este particular, insistieron en que más allá de las responsabilidades individuales que deben deslindarse en el ámbito penal, existe prueba suficiente para concluir las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron el 12 de diciembre de 2011 suponen una acción concertada para atentar contra los intereses fundamentales de la población guerrerense, motivo bastante para imponer sanciones mediante el juicio político según la Constitución del Estado de Guerrero.

Específicamente, en cuanto al reiterado intento de cuestionar la investigación de la CNDH, los estudiantes recordaron que dicha investigación concluyó científicamente que los disparos que privaron de la vida a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús provinieron de armas portadas por policías ministeriales, sin dejar de enfatizar que incluso dejando de lado este aspecto el solo hecho -no desvirtuado ni cuestionado- de que se haya comprobado plenamente que la Procuraduría de Justicia del Estado torturó estudiantes para que se incriminaran, llegando al extremo de sembrar entre ellos un “cuerno de chivo”, buscando generar una versión falsa de lo ocurrido, debería bastar para imponer sanciones mediante el juicio político al referido exfuncionario. Torturar a estudiantes y sembrar evidencia para engañar a la sociedad, enfatizaron, debe bastar para que imponga sanciones el juicio político.

La comparecencia se dio en un ambiente en el que los diputados realizaron una serie de preguntas tendenciosas que se inclinaron a fortalecer la defensa de los funcionarios enjuiciados. Intentaron confundir y hacer caer en contradicciones a los estudiantes víctimas de tortura y demás violaciones graves a derechos humanos. Otras preguntas más estuvieron encaminadas a criminalizar a los estudiantes. Los diputados no dieron un trato de víctimas a los normalistas, por el contrario las preguntas capciosas crearon un ambiente de hostilidad que no favorece los anhelos y búsqueda de justicia.

Al final de la comparecencia quedó evidenciado con pruebas irrefutables, que independientemente de los disparos que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el día 12 de diciembre las corporaciones policíacas cuyos superiores jerárquicos eran Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja incurrieron en uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e imputación de hechos falsos; elementos suficientes para que el Congreso del estado finque las responsabilidades correspondientes.

Después de la comparecencia, el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández instó al Congreso a no desperdiciar esta oportunidad inédita de que el Congreso guerrerense actúe como una instancia de rendición de cuentas sobre el actuar del Ejecutivo. Asimismo, recordó que para que estos hechos no vuelvan a repetirse, no sólo es necesario que el Juicio Político se desahogue conforme a lo ordenado por la CNDH, sino que también deben realizarse las reformas legislativas necesarias para erradicar los incentivos que propician los abusos, como ocurre respecto de la falta de inclusión del delito de tortura en el Código Penal del Estado de Guerrero.

Finalmente, siendo la inminente la conmemoración del primer aniversario de los hechos, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se declararon en alerta ante la posibilidad de que se presenten provocaciones o infiltraciones durante la marcha que realizarán el día 12 de diciembre, así como en las demás actividades programadas, tal y como ocurrió durante las protestas realizadas el día 1 de diciembre en el Distrito Federal. En ese sentido, se deslindaron de cualquier acto de violencia y apelaron nuevamente a la solidaridad de las organizaciones estatales y nacionales de derechos humanos, a efecto de que supervisen que la conmemoración se conduzca sin alteraciones.


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