Tribunal federal confirma amparo otorgado a indígenas me´phaa presos en Ayutla

Miércoles 18 de marzo de 2009
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Tribunal federal confirma amparo otorgado a indígenas me´phaa presos en Ayutla

o La resolución desecha el recurso de revisión que solicitó un MP federal contra el amparo.

o Se espera que notifiquen al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ayutla para que los ponga en inmediata libertad

o Los 5 defensores de derechos humanos fueron detenidos y encarcelados el 17 de abril del 2008.

Ayutla de los Libres, Guerrero México, a 18 de marzo de 2009.- El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que están presos en la cárcel de Ayutla desde el pasado 17 de abril del 2008.

La resolución desecha el recurso de revisión que el 30 de octubre del año pasado presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, el 15 de octubre.

Se espera que en las próximas horas la resolución que confirma dicho amparo sea notificada al juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, para que éste a su vez en un plazo máximo de 24 horas ponga en inmediata libertad a los indígenas de El Camalote que fueron adoptados por Amnistía Internacional (AI) como presos de conciencia.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien asumió la defensa jurídica de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, recibió al medio día de hoy miércoles 18 de marzo, la notificación que el Juzgado Octavo de Distrito, en donde señala que la justicia federal concedió su libertad a los defensores de derechos humanos privados de su libertad ilegalmente el año pasado.

Antecedentes

Los cinco defensores de derechos humanos de El Camalote fueron detenidos la mañana del 17 de abril, en un retén policiaco-militar cuando regresaban a su comunidad. Ellos fueron señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército de nombre Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero del 2008.

El 23 de abril del mismo año, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal en contra de los cinco indígenas, a quienes días atrás se negó a recibir su declaración por escrito argumentando que el documento no estaba redactado en lengua me´phaa.

EL 27 de junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. solicitó al Estado Mexicano que extendiera a favor de los prisioneros, las medidas cautelares que había otorgado ya para otros integrantes de la OPIM que han estado recibiendo amenazas.

El 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia. El 15 de abril la jueza Octava de Distrito les concedió dicho amparo ordenando su inmediata libertad, no obstante, el 30 de octubre del mismo año, justamente el último día para presentar apelaciones, un agente del Ministerio Público federal adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra del fallo.

El 11 de noviembre del 2008, la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia y pidió también su inmediata libertad pues consideró que los cinco indígenas estaban presos por motivos políticos.

Como miembros de la OPIM, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina han destacado por su valioso trabajo de denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares.

Entre los casos que ha denunciado la OPIM están las violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002, casos que fueron llevado en octubre de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la imposibilidad de obtener justicia en México.

La organización de los me´phaa también denunció la esterilización forzada a 14 hombres me’phaa en la comunidad de El Camalote en 1998, caso por el cuál la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre de 2007 exigiendo que se procese a los culpables y que se indemnice a las víctimas.

Asimismo la OPIM ha estado exigiendo justicia por el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés y destacado integrante de la organización quien fue encontrado muerto, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla, con huellas evidentes de tortura.

El 5 de febrero de este año, en el marco de la visita de activistas de Amnistía Internacional, la OPIM y Tlachinollan arrancaron la campaña ¡Alza tu voz por su libertad! para exigir la liberación de los cinco defensores de derechos humanos.


Fotografía de los cinco defensores de derechos humanos hoy presos. De izquierda a derecha son: Raúl Hernández Abundio, Romualdo
Santiago Enedina, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo y Natalio Ortega Cruz


Nuevo boletín de Tlachinollan:

Liberan a indígenas me´phaa que estuvieron presos durante casi año, en una cárcel de Ayutla

o Los acusaban de ser responsables del homicidio de un informante del Ejército.

o Vamos a luchar por la libertad del compañero que se queda: presos.

o Este caso es una muestra clara de que en Guerrero se persigue y criminaliza a los defensores de derechos humanos: Tlachinollan

Ayutla de los Libres, Guerrero México, a 19 de marzo de 2009.- A casi un año de que fueron encarcelados injustamente en el penal de Ayutla señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército, cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) fueron puestos en libertad la tarde de hoy jueves.

Raúl Hernández Abundió es el quinto indígena me´phaa que lamentablemente permanecerá recluido, no obstante, esto no significa que él sea culpable del hecho por el que fue detenido junto con sus cuatro compañeros, el 17 de abril del 2008; sino que en su caso especifico el Poder Judicial Federal señala que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se sigue en el Juzgado Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla.

La libertad de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, más allá de simbolizar un acto de justicia para el pueblo me´phaa, es una muestra de que en Guerrero se utilizan los aparatos de justicia para perseguir y encarcelar a los defensores de derechos humanos.

Ayer miércoles 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien asumió la defensa de los cinco inculpados, fueron notificados por la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, sobre la confirmación que hizo el Poder Judicial Federal de su sentencia de amparo que emitió -el 15 de octubre- a favor de cuatro de los cinco me´phaa encarcelados. La resolución desechó el recurso de revisión que el 30 de octubre del año pasado presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez.

Los defensores de derechos humanos de El Camalote favorecidos con el fallo del Poder Judicial Federal, no fueron puestos en libertad ayer, debido a que fue hasta hoy jueves a las 9:30 de la mañana, cuando que el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez recibió la notificación del Juzgado Octavo de Distrito, vía telegráfica.

Tras unas cinco horas de trámites en el Juzgado Mixto de Ayutla, los cuatro indígenas salieron de la cárcel aproximadamente a las 2 de la tarde. Afuera los esperaban sus esposas e hijos así como compañeros de la OPIM que gritaban consignas y desplegaron mantas con la leyenda ¡Alza tu voz por su libertad! que es el lema de la campaña que Tlachinollan y la OPIM arrancaron el pasado 5 de febrero, para exigir la libertad de los cinco presos.

“Vamos a seguir luchando para sacar a nuestro compañero”: presos.

En entrevista con medios de comunicación afuera de la cárcel de Ayutla, el ahora ex preso Orlando Manzanarez Lorenzo dijo que al igual que sus tres compañeros se sentía contento por estar ya en libertad, pero que también estaban conscientes de que “vamos a seguir luchando para sacar a Raúl, el compañero que se queda preso”.

Coincidieron con él sus compañeros, aunque Manuel Cruz Victoriano alertó que también “tenemos miedo porque el gobierno nos persigue, y nos preocupa más, porque estamos enterados de que fueron asesinados nuestros compañeros mixtecos Raúl (Lucas Lucía) y Manuel (Ponce Rosas)”.

Como Centro de Derechos Humanos consideramos que la liberación de los presos de conciencia me´phaa, da cuenta de la ausencia de condiciones de trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues la resolución del Poder Judicial Federal no sólo acredita la falta de elementos para acusar a los integrantes de la OPIM, sino que corrobora lo que ha expresado Amnistía Internacional en términos de que se fabricó un expediente para perseguir a los cinco compañeros a causa de su trabajo como defensores de los derechos colectivos de los indígenas.

También estimamos que este caso hace evidente la condición de vulnerabilidad e indefensión que sufren los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues aún cuando es la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) la encargada de garantizar la seguridad de los defensores e investigar los casos de amenazas e intimidación contra de éstos, es esta misma la que integra expedientes de acusación y fabrica delitos. Muestra de ello es que a pesar de que la desaparición forzada de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (PFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fue denunciada por sus esposas, la Procuraduría se negó a abrir una investigación.

Esta situación de igual modo se patentiza en el tema de la seguridad de los mismos presos de conciencia, pues horas antes de que fueran liberados empezaron a circular rumores sobre posibles agresiones físicas o atentados contra su vida. Esto aunado a las aproximadamente 10 amenazas que de las que la OPIM ha dado cuenta a las autoridades.

Agregamos que la aprehensión y encarcelamiento de los cinco indígenas, no es un hecho aislado pues del 2005 a la fecha, Tlachinollan ha documentado 218 casos de criminalización a defensores de derechos humanos

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