Nebulosa - 19 de noviembre al 6 de diciembre de 2017

Jueves 7 de diciembre de 2017
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Estas son las noticias de la semana:

  • Estado de México: marcha contra las violencias machistas
  • Estado de México: todo el peso de la injusticia
  • Sonora: manifiesto del pueblo Cohuirimpio
  • Ciudad Monstruo: movilización de damnificados
  • Ayotzinapa: 38 meses de lucha por verdad y justicia
  • Y nos cayó el chahuistle
  • Encuentro de damnificados por una reconstrucción digna
  • Chiapas: desplazamiento forzado en los Altos
  • Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos por México
  • México: libertad para Arturo Campos
  • Oaxaca: Movilización de damnificados
  • Colombia: no para el asesinato de defensores de derechos humanos
  • Argentina: fuera OMC
  • Chile: marcha contra la violencia machista
  • Argentina: Alto al exterminio

Estado de México: marcha contra las violencias machistas

En el marco de las movilizaciones contra las violencia machista, el 25 de noviembre diversas colectivas, organizaciones, vecinas y vecinos de los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y la Ciudad de México se manifestaron por las principales calles de Chimalhuacán y hasta la Procuraduría General de Justicia de ese municipio para denunciar que a dos años de la aplicación de la Alerta por Violencia de Género (AVG) persisten los feminicidios en la demarcación.

El contingente fue encabezado por Estrella García, Diana Velazquez Florencio y Ana Laura Martínez Cervantes, madres de hijas violentadas y agredidas sexualmente en aquellas localidades. Durante el recorrido, se llevó a cabo un acto político-cultural en el llamado “Campo Rojo”, un baldío ubicado a escasos metros de la cabecera municipal que por las tardes se ocupa como cancha de futbol, pero que ha sido señalado como uno de los lugares donde han ocurrido levantones y violaciones.

Ahí, las compañeras comentaron lo siguiente:

Durante el mitin principal a las afueras de la Procuraduría General de Justicia las madres de hijas violentadas compartieron un pliego petitorio en el que se exige: la creación de fiscalías especializadas para la atención de feminicidios, así como la formación de instancias de atención integral a las mujeres víctimas de violencia y la aplicación “real y completa” del mecanismo de AVG y que se detenga el hostigamiento a familiares, colectivos y activistas que denuncian los casos de muertes de mujeres.

Ese mismo día, pero en el municipio de Ecatepec las estudiantes del Taller Mujeres, Arte y Política, impartido en la Universidad de la Ciudad de México (UACM), plantel Cuautepec, realizaron un performance político junto con activistas de la colectiva Invisibles Somos Visibles y la Red Denuncia Feminicidio Estado de México, para denunciar el aumento de los feminicidios y la violencia feminicida en la entidad.

El performance se llamó “Huidas del Silencio” y se hizo énfasis en las violencia de género en uno de los municipios más violentos para las mujeres dentro del territorio nacional, de acuerdo al último informe presentado por ONU Mujeres llamado “La Violencia Feminicida en México, Aportaciones y Tendencias 1985 - 2014”.

Desde este espacio también decimos: Ni una menos!


Estado de México: todo el peso de la injusticia

A través de un comunicado publicado el primero de diciembre, compas de San Pedro Tlanixco denuncian que lxs defensorxs del agua Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez recibieron 50 años de prisión como sentencia, luego de un proceso de 10 años lleno de iregularidades y malos tratos. Señalaron que recientemente, el juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca Maximiliano Vázquez Castañeda, declaró a lxs defensorxs del agua como responsables de delito calificado y de privación de la libertad, por lo cual dictó una sentencia de cincuenta años de prisión a los compañeros. Esta sentencia, además de exorbitante, puede leerse como una advertencia para todas y todos los defensores del agua y del territorio.

En el mismo comunicado, lxs compas de San Pedro Tlanixco hicieron un llamado a la solidaridad con nuestra compañera y nuestros 5 compañeros indígenas nahuas.

Para leer el comunicado, te invitamos a visitar nuestra página web kehuelga.net


Sonora: manifiesto del pueblo Cohuirimpio

Y en el norte del país el despojo del territorio sucede lenta y silenciosamente o al menos así lo creen las autoridades, porque en los hechos la devastación puede verse a kilómetros. Así ha ocurrido con una laguna de oxidación que pretende imponer el gobierno de Sonora en el territorio indígena Yoreme Mayo de Cohuirimpio. Resulta que a finales de mayo de 2017 los pobladores advirtieron excavaciones en el camino que une a las comunidades de Nachuquis y la Punta de la Laguna, cuando interrogaron a los trabajadores de la obra se enteraron que se trataba de la construcción de una laguna de oxidación (así le llamamos en México a los residuos humanos que salen de la ciudad) en un predio de uso común de pastoreo perteneciente al territorio de Cohuirimpo y situado en las cercanías de la comunidad de Rancho Camargo.

Desde ese mes, las obras para construir la laguna de oxidación no han cesado. Pero los habitantes han opuesto una feroz resistencia para evitar a toda costa la construcción de esta obra que destruirá por completo una importante área de su territorio ancestral. De esa forma impidieron la entrada de maquinaria y solicitaron que las autoridades informaran al pueblo gíreme las “pruebas legales que justificaran la invasión”. Las autoridades tradicionales Yoreme comentaron que en reiteradas ocaciones, durante el mes de septiembre, acudió personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otras dependencias como el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA), acudieron a la comunidad Rancho Camargo para convencer a los habitantes para que permitieran continuar las obras para la construcción de la laguna de oxidación a cambio de Proyectos Productivos, becas a estudiantes y atención a la educación para adultos.

Frente a este clima de despojo, el pueblo Mayo Yoreme llamó, a través de un comunicado del 30 de noviembre a estar atentos ante cualquier imposición por parte de las autoridades del estado de Sonora y evitar la construcción de la laguna de oxidación que amenaza con destruir una parte importante de las tierras ancestrales de la tribu Yoreme Mayo.

Estemos atentos


Ciudad Monstruo: movilización de damnificados

El pasado domingo 19 de noviembre marcharon al zócalo de la capital vecinas y vecinos afectados por el sismo del 19 septiembre. A dos meses son cientos de familias que acampan en las calles sin que tengan alguna solución de las autoridades responsables. Acá compartimos el mitin que realizaron.

A dos meses del siniestro, afectados el sismo del 19s se reunieron el pasado sábado 18 de noviembre y conformaron un frente común apartidista al que le denominaron Damnificados Unidos de la Ciudad de México, una coordinación para exigir al gobierno soluciones a todos los daminificados que continúan en la calle. Fueron muchas vecinas y vecinos de predios afectados los que marcharon desde el luagr en el que se encontraba la fábrica de Chimalpopoca, en la Colonia Obrera y recorrieron las calles de Eje Central, Izazaga y 20 de noviembre hasta llegar a una cuadra del zócalo capitalino. En ese lugar policias apostados impidió el paso de la marcha ya que el gobierno de la Ciudad Monstruo prefirió cederlo para la realización de actividades privadas comerciales.

Durante la marcha tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas a varias de las vecinas afectadas quienes nos comprtieron las problemáticas que siguen enfrentando. Entre ellas la falta de atención de las autoridades de los gobiernos delegacionales, estatal y federal.

Denunciaron que muchos de los predios aún no han recibido ni las ayudas económicas ni el acopio que fue enviado para apoyarlas. Incluso comentaron que la gente que aún quiera apoyar lleve el acopio directamente a los predios pues no confían en la gestión de las autoridades.

También señalaron que les preocupa convertirse en botín electoral pues ya se han acercado personas de distintos partidos políticos para “ofrecer” gestionar sus problemáticas. Además señalaron el interés por parte de las autoridades delegacionales y las constructoras construir mas pisos de los que tenían los edificios originales a cambio de las ayudas.


Ayotzinapa: 38 meses de lucha por verdad y justicia

Luego de 3 años y dos meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sus madres, padres, familiares, organizaciones, colectivos e individuos seguimos exigiendo su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, donde también perdieron la vida seis personas más, entre ellas tres estudiantes normalistas.

Entre el 18 y el 27 de noviembre, las madres y padres de los 43 compañeros llevaron a cabo la Jornada de lucha “Rompe el muro de la impunidad”, que incluyó la instalación de un plantón a las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diversas acciones de protesta para presionar a las autoridades para que entreguen resultados de las investigaciones. Durante la instalación del Plantón logramos conversar con el señor Emiliano Navarrete, quien comentó que una comisión de padres y madres acudieron a los “Pinos” para entregar un documento donde solicitaban con urgencia la entrega de resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 compañeros.

Para el 26 de noviembre, se llevó a cabo una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, a la cual se unieron varias organizaciones sociales del país, entre los que destacaban las y los normalistas de la FECSM, organizaciones urbano populares y los campesinos de Atenco.

Desde este Espacio de noticias también exigimos aparición con vida y esclarecimiento de los hechos en los cuales desaparecieron a nuestros 43 compañeros.


Una historia de jornaleros subversivos y peligrosos

En el año 2015, más de 80,000 Jornaleros Agrícolas del valle de San Quintín en Baja California dejaron de trabajar y tomaron las principales vías que unían los cacerías con los campos de trabajo para denunciar las pésimas condiciones en las que laboraban, la falta de servicios, los bajos sueldos y las vejaciones de que eran y son objeto por parte de los patrones y empleadores. A casi tres años de ocurrida aquella masiva movilización, los y las jornaleras agrícolas no han parado de denunciar la precariedad laboral en diversos espacios sociales y académicos tanto en México como en Estados Unidos.

Recientemente, una delegación de jornaleros de la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social y del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas fueron invitados por escrito para participar como conferencistas en la Universidad de Dominguez Hills en Carson California y en la Universidad de Bekersfield por el departamento de lenguajes modernos y cultura y el departamento de ciencias sociales respectivamente. A pesar de la invitación, parece que el gobierno de los Estados Unidos les negó rotundamente el otorgamiento de las visas. Todo parece indicar que para el gobierno gringo, los jornaleros se asemejan a terroristas que no solamente insurreccionarían

Los Jornaleros Agrícolas hablarían en California sobre como el TLCAN permite el despojo de tierras, el agua y demás recursos naturales que están siendo privatizados. Además la intensa campaña de Boicot Internacional contra la empresa Driscoll’s que está exportando las frutas cosechadas por los Jornaleros a 32 países en el mundo mientras los Jornaleros siguen en condiciones de esclavitud.


Y nos cayó el chahuistle

En México, los diputados y senadores están a punto de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Una hermosa ley que, en el actual contexto de guerra que vive el país, provocará el aumento de la violación a los derechos humanos y de las garantías civiles, debido a que no solamente legaliza la militarización del país, sino también abre la puerta a un sin fin de posibilidades represivas comandadas por los militares.

A grandes rasgos, la Ley de Seguridad Interior permitirá a las Fuerzas Armadas realizar las asquerosas funciones que lleva a cabo la policía, pero con el ingrediente adicional de la legalidad y un amplio marco de impunidad. Por ejemplo ahora podrán reprimir protestas sociales sean pacíficas o no, también tendrán posibilidades de recolectar información e intervenir comunicaciones, realizar las dudosas “acciones preventivas” con base en el criterio, de sus ya deteriorados cerebros.

No solamente las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales han mostrado su repudio ante tal atrocidad, también lo ha hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien comentó que dicha ley es altamente preocupante pues da prioridad a las autoridades militares por sobre la autoridad civil. Por otra parte, la directora de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, declaró que la decisión gubernamental representa un “retroceso para los derechos humanos”, pues dará pie a la “presencia permanente y sin transparencia de las fuerzas armadas en las calles de México”.


Encuentro de damnificados por una reconstrucción digna

Y la ciudad monstruo sigue movilizándose, no por los movimientos telúricos sino por las acciones emprendidas por los miles de damnificados del sismo del 19 de septiembre. Para muestra de eso, el 2 de diciembre se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Damnificados, a la cual asistieron personas no sólo de Ciudad Monstruo, sino también damnificados del Estado de México y Juchitán Oaxaca, quienes comentaron que las autoridades se han desentendido de la desgracia de todas las poblaciones devastadas por los sismos del mes de septiembre.

Durante la presentación del Encuentro, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia dieron a conocer los avances de un censo realizado en 8 delegaciones que arroja un total de 1,135 hogares afectados, de los cuáles el 77.2% han sido revisados por especialistas, mientras que el 22.9% no cuentan con dictamen alguno hasta el momento. Además detallaron que al menos el 40.4% de los inmuebles no han sido clasificados y no aparecen en la plataforma o aparecen clasificados de una manera que no corresponde a los dictámenes o a su ubicación”.

Tiempo después se llevó a cabo el Encuentro, el cual se realizaron mesas de trabajo sobre la obtención de dictámenes a inmuebles y también respecto a las inconsistencias o fallas de la Ley de Reconstrucción recientemente aprobada. Más tarde se llevó a cabo una asamblea plenaria, de la cual surgió un comunicado donde dieron a conocer su posicionamiento conjunto frente la reconstrucción impuesta por las autoridades de la Ciudad Monstruo. Primero convocan a juristas solidarios que ayuden a derogar la Ley de Reconstrucción, pues vulnera los derechos fundamentales de los afectados por los sismos. También rechazaron que la reconstrucción sea a través de créditos y redensificación pues ello sólo beneficia a la banca y el mercado inmobiliario.

Al terminar el Segundo Encuentro de Damnificados, esto fue lo que comentaron los y las vecinas damnificados de la Ciudad Monstruo:


Chiapas: desplazamiento forzado en los Altos

Y en el sureste mexicano se reactivó un viejo conflicto agrario y con él, la violencia generalizada en las comunidades que conforman los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, que desde hace 45 se encuentran disputa debido a una mala e imprecisa distribución de tierras hecha por el gobierno estatal y federal que no respetó los límites ancestrales que las dos poblaciones reconocían. Ya sea por estupidez, negligencia o intereses de los grupos de poder regionales y estatales, lo cierto es que los funcionarios se fueron y dejaron activo un conflicto agrario que en los últimos días ha tenido una de sus manifestaciones más violentas.

A partir del 13 de noviembre comenzó una ola de balaceras durante buena parte del día entre diversos grupos armados que disputan el control de las tierras. En ese clima, miles de personas dirigieron desplazarse hacia los montes para refugiarse del fuego cruzado que impera en las comunidades. Los reportes de elaborados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hablan de aproximadamente 5023 personas desplazadas la mayoría niños, niñas, ancianos y ancianas y por lo menos 114 mujeres embarazadas que necesitaban atención médica.

En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, exigió la implementación de medidas cautelares para respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó; la aplicación de los principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, para proteger a las cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad; y se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos.

Al finalizar la edición de este noticiario, la mayoría de los desplazados se encontraban en los montes esperando condiciones favorables para su retorno. Puedes encontrar más información en la página frayba.org.mx.


Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos por México

Durante los días del primero al 18 de diciembre se realizará la decimotercera “Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos”, que recorrerá 4 mil kilómetros por la ruta migrante buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. En total, la caravana cruzará 12 estados y 22 localidades de México, para hablar denunciar la desaparición de sus seres queridos y la violencia que miles de migrantes encuentran en su tránsito por México.

El punto de partida fue Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, donde las madres y familiares procedentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala iniciaron el largo peregrinaje por la ruta migratoria buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. En el segundo día de acción la Caravana de Madres Centroamericanas, junto al Movimiento Migrante Mesoamericano, visitaron el municipio de Huixtla, Chiapas, con el fin de interactuar con las personas de la zona en búsqueda del paradero de sus hijos o hijas que han desaparecido en México, durante su trayecto hacia Estados Unidos. En el recorrido también visitaron la “zona de tolerancia”, ubicada en el barrio de San Francisco, por la avenida Matamoros Norte, ahí las madres entraron a los bares y casas de trabajo sexual, en busca de pistas del paradero de sus hijos o hijas y con la intención de encontrar a personas que no hayan podido comunicarse con sus familiares. Para el 4 de diciembre, la caravana arribó a la localidad de Frontera Comalapa, Chiapas. Ahi, las Madres de migrantes se reunieron en el Kiosko de la plaza principal y exhibieron las fotos de sus familiares desaparecidos e iniciaron la búsqueda agendada para este día. Por la tarde se dirigieron a la ciudad de Comitán donde se reunieron con integrantes del Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’tantik”.

Para el día 5 de diciembre, las madres de hijos e hijas desaparecidas llegaron a Tuxtla Gutiérrez, donde realizaron un mitin por el Parque Central donde comentaron lo siguiente.


México: libertad para Arturo Campos

El 26 de noviembre, diversas organizaciones de derechos humanos como el el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan llevaron a cabo una visita conjunta al defensor comunitario Arturo Campos Herrera preso injustamente en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ayutla de los Libres, Guerrero, el pasado domingo 26 de noviembre.

Cabe recordar que Arturo fue detenido el primero de diciembre de 2013 de manera arbitraria acusado falsamente de robo, delincuencia organizada y secuestro. Los Tribunales Federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra, pero sigue pendiente el proceso por el supuesto delito del secuestro de 43 personas, las cuales en las audiencias dijeron que era la primera vez que lo veían, que nunca les pidió dinero y que tampoco los privó de su libertad.

De igual forma, reconocieron que el tiempo en que estuvieron en reeducación, nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor na savi y que en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado. Así mismo, se ha probado la calidad de Arturo Campos Herrera como Consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por lo que en todo caso, las retenciones realizadas fueron en su calidad de autoridad comunitaria bajo el sistema comunitario que tiene un marco normativo que lo reconoce y le da legalidad y legitimidad, a través de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Por su parte, familiares. organizaciones civiles, sindicatos, defensoras de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil de México y otras partes del mundo llamaron a exigir la libertad inmediata e incondicional del defensor Arturo Campos y que cese la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.

Desde este espacio también exigimos libertad inmediata para Arturo Campos.


Oaxaca: Movilización de damnificados

Y en el Istmo sigue la exigencia de una reconstrucción digna e incluyente. El primero de diciembre miles de damnificados acompañados por maestros de la Sección 22, realizaron una marcha que inició en el municipio de Asunción Ixtaltepec, uno de los más afectados por el terremoto ocurrido el 7 de septiembre de 2017, y se dirigieron hacia la explanada de la presidencia municipal en Juchitán.

La marcha de ese primero de diciembre fue una de las más grandes en la región y tuvo como demanda principal exigir al gobierno federal y estatal la reconstrucción total y digna de las escuelas y viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre y dañadas nuevamente por el sismo del 23 de septiembre.

Durante el mitin que se llevó a cabo frente a las ruinas del palacio municipal de Juchitán, los representantes de la sección XXII y las organizaciones de afectados por los sismos exigieron: “se concluya el censo del 7 de septiembre y se registren nuevamente las casas dañadas después del sismo del 23 de septiembre que termino de derrumbar las casas que hasta ese momento sólo tenian daño parcial”. Del mismo modo representantes de San Blas Atempa exigieron al gobierno estatal y federal atender las demandas de las mujeres que perdieron sus hornos ya que esta población no había entrado en ningún programa para la reconstrucción de los mismos.


Colombia: no para el asesinato de defensores de derechos humanos

Luego de un año de la firma de los Acuerdos para la Paz en Colombia, las agresiones contra lideres y defensores de derechos humanos y del territorios siguen en aumento. La Fundación Paz y Reconciliación señala en un reciente informe sobre actos de violencia contra líderes sociales entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 que se habían cometido 2 agresiones sexuales, 150 amenazas, 29 atentados, 2 casos de desaparición forzada, 84 homicidios y 3 secuestros. Además, la Fundación, señaló que “hasta el 1 de octubre (2017) se cometió al menos una agresión por día” y trágicamente, desde la firma del Acuerdo de Paz, ha sido asesinado un líder social cada 4 días.

Según el reporte, los departamentos más afectados son Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Tolima. Allí y en el resto del país, ha sido muy difícil “rastrear e identificar los actores intelectuales de los hechos victimizantes” en la medida que la red criminal de las organizaciones armadas “cuenta con sicarios que son los principales perpetradores materiales de las múltiples violaciones a los derechos humanos”. Esto, para Paz y Reconciliación, es una de las razones por las cuales la tasa de impunidad frente a los responsables de los hechos violentos es cada vez más alta.

Lo peor, es que las agresiones siguen ocurriendo. El 25 de noviembre fue hallado el cuerpo sin vida de Mario Jacanamijoy, líder del pueblo Inga, que había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de noviembre. Jacanamijoy era reconocido al interior de su comunidad por el trabajo y la lucha por la defensa de los derechos indígenas y que participó en diferentes procesos organizativos políticos en su territorio, de igual forma dentro de su organización Tandachiridu Inganokuna, ejerció diferentes cargos a nivel departamental, desde la coordinación de asuntos étnicos hasta ser actualmente el Consejero Departamental de Salud de la Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas

Un día después, el 26 de noviembre la Comisión de Justicia y Paz, denunció el asesinato de Mario Castaño Bravo, uno de los de los principales líderes sociales que participaba activamente en la construcción de una propuesta de reparación colectiva en el territorio que incluye el reconocimiento de las comunidades como legítimos propietarios de las tierras colectivas e impide la continuidad de las operaciones empresariales inconsultas y que atentan contra la vida, la tierra y la dignidad de los habitantes.

Según la organización de Derechos Humanos y la red de comunidades CONPAZ, Mario había sido desplazado de sus tierras en dos ocasiones por resistirse a la puesta en marcha proyectos agroindustriales, madereros y ganaderos. En 1996 había sido víctima junto a cientos de personas de operaciones paramilitares y militares que pretendían hacerse con los territorios. Por su labor en defensa del territorio y de denuncia de las estructuras paramilitares Mario contaba con medidas en protección de la UNP que habían sido denunciadas por inoficiosas pues constaban de un celular, un chaleco antibalas y la presencia de un escolta que se limitaba a sus traslados. Varios líderes han denunciado que estas medidas son insuficientes frente a la complejidad de las amenazas y de la situación de los territorios.


Argentina: fuera OMC

El jueves 30 de noviembre en una conferencia de prensa, fue presentado el programa de actividades de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 11 al 13 de diciembre, en el marco de la Semana de Acción contra la Organización Mundial del Comercio, que se desarrollará entre los días 7 al 13 de dicho mes.

La semana de acción contra la Organización Mundial del Comercio dará inicio con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo el jueves 7 de diciembre, a la cual le seguirán dos días de reuniones de plataformas internacionales contra el Libre Comercio. Para el domingo 10, se tiene planeado la realización del Festival “Fuera OMC - Alternativas en Marcha”, apelando a la denuncia y a la construcción de alternativas de comercio para y en manos de los pueblos.

Entre el día 11 de diciembre y el 13 se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la Cumbre de los Pueblos con una propuesta de Foros y Talleres organizados bajo diferentes ejes temáticos como Bienes comunes, justicia climática y soberanía energética; Soberanía alimentaria, Soberanía sanitaria, Feminismo frente al Libre Comercio, Soberanía educativa; Derechos laborales, y Migración, entre otros.

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, es una iniciativa sostenida por varias organizaciones políticas, sociales, sindicales, de mujeres, de educación, ambientales, culturales, de asambleas autoconvocadas e investigadores del país y de la región, quienes desde hace meses preparan las actividades de denuncia, resistencia y construcción de alternativas populares ante el desarrollo de las reuniones del G20. Esta reunión será, según lxs organizadorxs, una instancia para avanzar en las diferentes agendas de liberalización y apertura, siendo el objetivo del gobierno argentino mostrar que el país es capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las corporaciones. Por esta razón las organizaciones, redes y movimientos de la Confluencia se han declarado “en alerta y resistencia y han expresado la necesidad de denunciar el comercio del capitalismo en tanto falsa propuesta de desarrollo, desnudando su carácter expoliador que aniquila la soberanía y los derechos de los pueblos, y a pensar un comercio y formas de desarrollo soberanas para y en manos de los pueblos.”

Ni tardo ni perezoso, el gobierno reaccionario de Mauricio Macri negó el ingreso a más de 30 activistas y especialistas en diversos temas de numerosas organizaciones sociales de unos diez países que participarían en la nueva cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio. La mayoría de los activistas a quienes se les negó el ingreso pertenecen a organizaciones señaladas por la OMC como prohibidas y que conforman la red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés), que ha denunciado largamente las graves consecuencias para los pueblos de las políticas impulsadas por la OMC.

Puedes obtener mayor información de las actividades en la página web fueraomc.org.


Chile: marcha contra la violencia machista

El 24 de noviembre, miles de mujeres se reunieron en el centro de Santiago de Chile para marchar en contra de la violencia machista, a pocas horas de que se conmemorara a nivel internacional el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha fue convocada por la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres para hacer un llamado a poner fin a las agresiones sexuales, la violencia de género y los feminicidios en todos los ámbitos de la sociedad.

Una de las asistentes a la manifestación comentó que “el femicidio es el epílogo de una vida de violencia”, en una sociedad donde las mujeres son vulneradas “en todos los espacios, incluso sin darse cuenta”. Por su parte, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, comentó que en lo que va de este año se han cometido 61 femicidios, el doble de los registrados por las autoridades.

En la ciudad de Concepción también se llevó a cabo una multitudinaria manifestación para exigir la eliminación de “los distintos tipos de violencia que se evidencian en esta sociedad: entre los que se encuentran el acoso callejero, feminicidios, explotación laboral, dobles jornadas de trabajo e incluso la violencia ejercida desde las mismas organizaciones del Estado.

En la manifestación participaron agrupaciones locales que se han movilizado para lograr justicia en casos emblemáticos de violencia contra la mujer como el de Antonia Garros, víctima de violencia en el pololeo y presunta inducción al suicidio; de Joane Florvil víctima del racismo y misoginia policial; de Isidora González (Dorito), víctima de un horrendo femicidio y descuartizamiento en la ciudad de Melipilla; el caso de Marlen Matamala, asesinada con cinco meses de embarazo; además del caso de la presa política mapuche Lorenza Cayuhán, quien debió dar a luz presa en octubre de 2016.

Antes de llegar a la Plaza de la Independencia, donde se realizaría el mitin principal, la policía hizo gala de eso que las compañeras llamaron “violencia ejercida por el Estado”, al reprimir violentamente a las manifestantes con carros lanza-agua, lanza-gases y piquetes de carabineros quienes golpearon y detuvieron a 18 manifestantes, muchas de ellas con graves lesiones.

En medio de la represión, cabe recordar que el día internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres fue declarado en 1999 por la ONU, para recordar a las hermanas dominicanas, Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, reconocidas como heroínas de la lucha contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó por más de tres décadas en República Dominicana, y que mandó a matar a las cuatro hermanas Mirabal un 25 de noviembre por alterar el orden patriarcal y dictatorial.

Desde este espacio también gritamos: ¡Ni una menos!


Argentina: Alto al exterminio

Rafael Nahuel es el nombre del joven mapuche que fue muerto la tarde del sábado 25 de noviembre durante una represión policial en las inmediaciones del lago Mascardi, cerca de Bariloche, en territorio del Lof Lafken Winkul Mapu. Este violento operativo policial tenía como objetivo desalojar a la comunidad mapuche de un territorio ancestral recuperación en el sur de la Argentina. Los perpetradores del asesinato y del desalojo fueron los agentes del grupo especial de Prefectura Albatros, la Policía Federal y Gendarmería Nacional quienes participaron del operativo contra la comunidad Mapuche, lo mismos que participaron en el operativo de principios de Agosto en Chubut donde perdió la vida Santiago Maldonado.

En el marco del operativo de represión y despliegue de fuerzas federales también fueron detenidos nueve integrantes de organizaciones sociales acusados de “obstrucción del operativo”. Cuatro fueron liberadas la noche del 25 de noviembre, pero las cinco restantes permanecían en el Destacamento Villegas de Gendarmería Nacional, ubicado entre El Bolsón y Bariloche.

Desde este espacio exigimos justicia para Rafael y para Santiago




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