Hacia la educación que necesitamos todos los mexicanos

Lunes 14 de diciembre de 2015
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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Somos cientos de miles de trabajadores de la educación, mujeres y hombres de todos los estados del país, integrados en la CNTE y otras organizaciones, los que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma educativa. En este movimiento estamos representados los trabajadores de la educación de las ciudades y del campo, muchos de las entidades federativas con más pobreza, explotación y violencia. Nuestra presencia, en cada comunidad, pueblo y ciudad, nos permite conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que, desde hace décadas, tiene el Estado para mejorar la vida de los mexicanos y ofrecer una educación digna a todas las y los niños y jóvenes. Somos las maestras y maestros a quienes el país ha encargado desde hace décadas la tarea siempre difícil de formar a decenas de millones de estudiantes, siempre con pocos recursos, con escuelas llenas de estudiantes y de carencias; niños y jóvenes que comprenden a la población escolar que habla una lengua que no es el castellano, que deben trabajar desde pequeños, que llegan a clases sin desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la escuela. Pero también somos las maestras y los maestros de la periferia de las poblaciones y ciudades grandes y pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las colonias y barrios donde, vecinos a la prosperidad de las zonas privilegiadas, abundan los niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la parte de México que los gobernantes prefieren ignorar, y ante la que reaccionan con un gran enojo represivo cuando su gente se vuelve consciente y se organiza para protestar. Son los mexicanos que, con su trabajo mal pagado, contribuyen a la acumulación de riqueza de un país que se precia de ser la décima cuarta potencia económica del mundo pero mantiene a millones en la pobreza.

Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos provenimos de la parte olvidada de México que está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales y un conocimiento profundo del país, sino que se nutre de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión y que convierten a nuestro movimiento magisterial no sólo en una organización de marchas y plantones sino sobre todo en un lugar de encuentro y discusión de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.

Desde nuestra posición de maestros comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes y todo un aparato de supervisión, vigilancia y castigo sobre las niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la idea de una educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, se trata de una reforma persecutoria que crea un clima de desconfianza e incertidumbre en el interior de las escuelas, pues con las “evaluaciones” (exámenes estandarizados) se ha iniciado el despido de cientos de maestros con el calificativo excluyente de “no idóneos” y están amenazados con el mismo fin todos los docentes. Esta reforma no habla de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentran desde hace décadas las escuelas y la educación de la nación. Básicamente ofrece, aunque ahora como mandato constitucional y legal, las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado –sin éxito- desde 1992: medir, vigilar, estimular con dinero y, sobre todo ahora, correr docentes.

Los maestros hemos denunciado que la mal llamada reforma educativa es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones contra los maestros y eso se confirma con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE). Ahí se hace evidente que se trata de una reforma autoritaria, que fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación formalista y vertical para perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es decir, una reforma administrativa y laboral que, mediante el control y la sanción, busca crear las condiciones para implantar una profunda reforma en los contenidos y prácticas pedagógicas de la educación para convertir a niños y jóvenes en futuros y eficientes operadores; el capital humano competitivo que requiere el modelo económico de los grandes capitales.

Proponemos una verdadera transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales más importantes dentro y fuera de la educación, sobre todo a maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades, barrios y colonias.

Proponemos una educación humanista e integral que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores como los que reivindica el propio artículo tercero constitucional: la democracia, el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, la comprensión de los problemas nacionales, el trabajo científico, la mejor convivencia humana, el acrecentamiento de la cultura, el interés general de la sociedad, la igualdad, fraternidad, solidaridad y el respeto a la diversidad, –como parte integral de la constitución- el derecho a la libre expresión, al trabajo digno, a los derechos humanos y laborales sin exclusión. Una educación que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.

Una educación fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la participación democrática dentro y fuera del aula.

Es decir, un proceso educativo que esté orientado a la formación de mujeres y hombres sabios, autónomos, críticos, solidarios, preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se finca en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino que integra ambas dimensiones en una sola formación de alto nivel y amplios horizontes. Se trata, además, de convertir al proceso educativo en un espacio de creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la curiosidad, el compromiso responsable de maestros, estudiantes y de la comunidad; y en el interés y compromiso solidario de los niños y jóvenes por lo que ocurre a su alrededor.

Por otro lado, se busca que esta educación esté disponible a todos los habitantes del país, por lejana y pequeña que sea su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a las escuelas e instituciones en las ciudades. Y esta educación -creativa y para todos- es una responsabilidad de la sociedad que asume el Estado a través de la educación pública, gratuita y laica.

Para alcanzar un proceso educativo como el arriba descrito, la ruta no es una reforma administrativa y laboral como la que hoy sigue estando en primer plano de la agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en la Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en todos los niveles, y es necesario también recuperar en los planes y programas de estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos permitan ofrecer a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y de alto nivel; en consecuencia, deben transformarse los libros de texto, manteniendo su gratuidad.

Requiere además de un planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de que puedan generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo de los colectivos escolares y con maestros específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los padres de familia.

Supone también un esfuerzo financiero del 12 por ciento del PIB para la educación a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. Exigimos que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor, pero sin endeudamiento y sin poner en riesgo el carácter público de la educación, como hoy se perfila con los llamados bonos educativos, mismos que también constituyen el gran mecanismo de promoción para las aspiraciones políticas del secretario de educación en turno.

Requiere de un planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en todos los niveles de educación y se requiere del mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los estudiantes normalistas y de las y los maestros. Se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.
Para avanzar en esta dirección es indispensable ABROGAR la reforma educativa (contenida en las modificaciones a los artículos 3º y 73 Constitucionales y en el paquete de leyes secundarias aprobado en el 2013)) e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso y disposición a participar en ese proceso y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.

Proponemos una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y a nivel nacional, propiciando una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.
La importancia y necesidad de este planteamiento radica en el hecho de que la llamada reforma educativa no surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática. Introducida como iniciativa presidencial el 10 de diciembre 2012, fue aprobada apenas días después, de manera sumamente apresurada, sin un debate parlamentario y por supuesto sin una consulta más amplia a la sociedad y grupos y personas interesadas. Aunque la resistencia magisterial y social en el 2013 impidió una aprobación inmediata de las leyes secundarias y se realizaron algunos foros en distintas regiones del país, el cúmulo de argumentos y opiniones que esa experiencia generó no fueron tomados en cuenta y las leyes secundarias se impusieron como antes las modificaciones constitucionales. Así, autoritaria en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser democrática en su orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto de procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto de una forma de conducción escolar asentada en la participación de los actores escolares. Por el contrario, es una modificación constitucional que a juzgar por las propuestas de leyes reglamentarias, dibuja un perfil autoritario, punitivo y rígido del proceso educativo.

En contraparte, planteamos la importancia de que además de la formación en conocimientos, la reforma apunte a convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos conscientes y preocupados por “el interés general de la sociedad” (Art. 3º constitucional). En ese sentido, la escuela debe ser una comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y normada por los acuerdos y lineamientos que en sus respectivos ámbitos construyan los estudiantes y maestros en el aula, la escuela y la relación con la comunidad. Pero esto no puede darse mientras se mantenga una estructura legal que establece que la evaluación conduce al despido o separación del aula de miles de maestros, que impone siete nuevas causales de despido a los maestros y, además, confiere a la autoridad educativa la posibilidad de abrir un proceso de sanción ante la mera sospecha de que la maestra o maestro ha cometido una irregularidad.

Se requieren más bien acuerdos y políticas pedagógicas que favorezcan la formación de los estudiantes en la libertad, en el descubrimiento y el conocimiento de las dinámicas de responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y fuera de la escuela. Rechazamos la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima persecutorio característico de una empresa. Hacia allá conducen las propuestas que implícitamente indican que la escuela debe estar a cargo de un gerente que comanda a un grupo de empleados (maestros) y garantiza a sus clientes (estudiantes y padres de familia) un buen servicio (la calidad).

Rechazamos al mismo tiempo la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar cuenta de ella en un examen estandarizado. Estos rasgos muestran que la idea de “educación de calidad” en realidad es un proceso de educación mercantilizado y autoritario que subordina a estudiantes y profesores.
En contraposición debemos comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra educación sea verdaderamente autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan libertad para, en el marco de una educación nacional, definir cómo deben ser los planes y programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula que permitan a nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades diferentes de niños y jóvenes de culturas diversas, del campo, de la ciudad, del norte, del centro y sur del país, desde Yucatán hasta Baja California. Una autonomía que permita dejar atrás la uniformidad de un solo libro de texto gratuito, una misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el país. Debemos construir un marco nacional legal y educativo que sea capaz de arropar y propiciar –no limitar- la exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas locales y regionales. No necesitamos tener lo que hoy vivimos: una autoridad federal y central cuya ocupación fundamental en estos días es rechazar las iniciativas de acuerdos y proyecto de la educación que surgen desde las regiones y entidades federativas. Tampoco necesitamos una autoridad central y federal que delega sus responsabilidades a grupos empresariales y a un centro nacional de evaluación (INEE).

Esta autonomía no significa que los gobiernos estatales y federal, abandonen o disminuyan su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública tomando como pretexto el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso a) de la reforma a los artículos 3º y 73 Constitucionales que concibe que la autonomía significa y se fortalece si las escuelas tienen una buena “gestión ante los órganos de gobierno” y que las escuelas y padres de familia se hagan cargo de “mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos…”

La CNTE y las distintas organizaciones de las maestras y maestros demandamos que para garantizar la equidad en la educación, es necesaria la mejora sustancial de decenas de miles de escuelas, proveer de suficientes docentes a las escuelas multigrado y unitarias, desayunos escolares, la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado, así como becas y libros en todos los niveles educativos.

Por otro lado, el actual intento de reforma uniformadora y centralista de la educación y la ignorante propuesta del gobierno federal de hacer de nuestra nación un país bilingüe en los próximos 10 o 20 años, atenta directamente contra lo que somos: un mosaico de culturas, regiones, lenguas y economías distintas. Atenta también contra la definición que de nuestro país hace la constitución cuando señala que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural” (Art. 4º Constitucional).

Para un país enorme y profundamente diverso la reforma que se impone “crea” un gran “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” único, que estará “a cargo” de un organismo, también único, “el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación” como el gran vigilante, encargado de evaluar a maestros y estudiantes que se extenderá a nivel nacional a través del mencionado Sistema Nacional de Evaluación Educativa (Art. 3º. IX constitucional). Establece, además, ahí mismo y como algo constitucional del país, “el realizar mediciones”, es decir, la forma más superficial, discriminatoria y uniformadora de evaluar. Con esto, todos los maestros y estudiantes desde los de la Sierra Norte de Puebla hasta los de las zonas residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si este fuera un país de una sola lengua, homogéneo e igualitario. En lugar de avanzar en el camino hacia el fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y construir a partir de ellas un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una, todavía más, poderosa y avasalladora centralización de la educación.

Así, la reforma implica que todas las entidades federativas deben sujetarse a un solo referente normativo: la Ley General del Servicio Profesional Docente (Art. 1º) señala que “el marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta ley” y que incluso “los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente ley”. Por cierto, la del Servicio Profesional Docente es una ley tan detallada que prácticamente no se deja resquicio alguno para que se manifieste otra de las características esenciales del país: el hecho de que se constituyó a partir de un acuerdo entre entidades soberanas. Como señala la constitución, “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior” (Art. 40 constitucional).

Proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada por los maestros y estudiantes desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. Para que sea sincera y realmente involucre a maestros y estudiantes esta evaluación no debe ser punitiva y no implicar sanciones ni laborales ni administrativas para los docentes. A partir de estos procesos de evaluación que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades con el análisis y solución de la problemática local y regional, es posible construir, en el plano nacional y desde abajo, políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Son procesos que sirven además para definir la amplitud, contenidos y también las formas que deben adoptar los programas de formación permanente del magisterio, permiten detectar además de manera tangible e inequívoca las insuficiencias en infraestructura y equipos, y servirán finalmente para recuperar ejemplos de iniciativas concretas que de manera espontánea y sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones y entidades federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de evaluación sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de diagnóstico que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la problemática de la educación y que así se fortalezcan aún más los procesos de mejora.

Estos procesos deben también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que al mismo tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el marco del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación.

Una propuesta de evaluación y mejoramiento de la educación como ésta, que involucra directa y sistemáticamente a los actores del proceso educativo, a padres de familia y comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso autoritario, vertical, centrado en torno a las autoridades y con rasgos laborales persecutorios y represivos claramente en contra del 123 constitucional. La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha estado ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas y ahora, una vez más, se pretende dejar afuera. En su lugar se ha fortalecido la influencia y conducción de grupos empresariales en la educación, suplantando, incluso, el papel conductor del Estado.

Proponemos que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como la inversión educativa, la responsabilidad gubernamental en las principales variables del funcionamiento del sistema educativo, las condiciones materiales del plantel, los programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, los contextos socioculturales y los propios métodos de evaluación. Este modelo debe reproducirse en el plano estatal y nacional.

Para hacer frente a un involucramiento total como el que exige una verdadera reforma, las maestras y maestros necesitamos un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por eso, demandamos que ningún trabajador de la educación sea removido de la docencia o despedido a consecuencia de la medición punitiva que se nos quiere imponer, antes bien, exigimos que todos aquellos docentes que ya fueron despedidos a consecuencia de la seudo Reforma Educativa, sean inmediatamente incorporados a su trabajo. Demandamos, también, establecer un programa de basificación masiva para los trabajadores de la educación que hoy cubren plazas temporales.

Una verdadera transformación educativa no debe de dejar fuera a las instituciones formadoras de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en por lo menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente. No respaldamos la herencia ni la venta de plazas, instrumentos del clientelismo establecido por las direcciones charriles del SNTE.

La democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, también debe ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el gobierno federal, gobiernos estatales y por la cúpula que ha secuestrado a nuestro sindicato. Demandamos la realización de Congresos Estatales y Congreso Nacional para elegir a una representación por los maestros de base. Es impostergable la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, repudiamos a la cúpula que encabeza Juan Díaz de la Torre, cómplice de esta agresión a los derechos de los trabajadores de la educación.

Repudiamos la militarización y la campaña del miedo que el gobierno federal y los gobiernos estatales, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, están llevando a cabo para tratar de imponer lo que llaman reforma educativa. Los encarcelamientos, los despidos, la represión y el asesinato de nuestros compañeros dan cuenta de la estrategia gubernamental de que “la reforma con sangre entra”. Desde hoy lo afirmamos categóricamente: la reforma educativa fracasará porque en lugar del dialogo están los toletes, en lugar del consenso está el autoritarismo; en lugar de confianza está el miedo, en lugar de modelo educativo está el control laboral y la rendición del oponente.

Exigimos la libertad de nuestros presos políticos y castigo a los culpables del asesinato de nuestros compañeros Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz en Guerrero y David Gemayel Ruíz Estudillo en Chiapas. Necesitamos en esta batalla a nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado.

Con la fuerza de la movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos a un diálogo y a la toma de acuerdos serios y responsables por parte del gobierno federal y de los poderes legislativo y judicial, que permita la solución a nuestras legítimas demandas y reivindicaciones.

A los estudiantes, padres de familia, investigadores, académicos y pueblo de México los convocamos a un gran diálogo por una verdadera transformación de la educación; a oídos sordos y monólogos ensordecedores, pongamos nuestra palabra verdadera.

¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PUBLICA, LAICA Y GRATUITA!

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Ciudad de México a 13 de diciembre 2015


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