Familias y estudiantes de Ayotzinapa confían en expertos y expertas de la CIDH

Martes 3 de marzo de 2015
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* Exigen familiares que el Grupo de Expertos cuente con todas las condiciones necesarias para realizar la revisión de la investigación de PGR

Tixtla, Guerrero, 2 de marzo 2015. El día de hoy las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los miembros del Comité Estudiantil de esta institución se reunieron con las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), mismo que comenzó con este encuentro su labor de verificación técnica de la actuación del Estado mexicano en el caso.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos expresaron su absoluta confianza en el GIEI. Asimismo, externaron algunas de sus preocupaciones principales respecto de la actuación del Estado en el caso y urgieron a las autoridades mexicanas a brindar las condiciones necesarias para que el Grupo pueda cumplir con su mandato y hacer las recomendaciones necesarias para que las víctimas accedan a la justicia y a la verdad. En este contexto, manifestaron su preocupación en torno a la posibilidad de que los recientes cambios en la Procuraduría General de la República (PGR), afecten el cumplimiento del acuerdo de cooperación técnica firmado por el Estado Mexicano.

Cabe señalar que la reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos, realizada en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue la primera actividad del GIEI en México, lo que representa un contundente mensaje de compromiso con las víctimas, al tiempo que confirma que la falta de esclarecimiento de los hechos de Iguala continúa generando la más alta preocupación de la comunidad internacional.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que acompañan a las familias, saludaron también la llegada del GIEI, convencidos de que es indispensable poner bajo el escrutinio público la investigación realizada por la PGR.

No hay que olvidar que hace menos de un mes, la Procuraduría —hoy con nueva titular— pretendió cerrar la investigación, lo que fue cuestionada técnicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y rechazado por familiares y defensores de los normalistas, quienes puntualizaron diez sólidas razones por las que no puede darse por concluida la investigación ni por esclarecidos plenamente los hechos.

El GIEI fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado, la CIDH y las familias y sus representantes, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por el órgano del Sistema Interamericano el pasado 3 de octubre del 2014; dicho acuerdo establece que el mandato del Grupo se enfocará en analizar tres ejes principales: la búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas. Con base en su revisión del actuar del Estado en estos tres rubros, el GIEI podrá formular recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado ante el caso Ayotzinapa, así como recomendaciones estructurales para fortalecer las capacidades instaladas del Estado en materia de desaparición forzada.

Información complementaria

El Estado mexicano aceptó formalmente la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014, dos semanas después de su primera reunión con los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada.

El GIEI fue designado por la Comisión el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano y las organizaciones.

El grupo de expertos quedó conformado por Carlos Beristain, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; el abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CIDH en diversos casos; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y el jurista colombiano Alejandro Valencia Villa, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.


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