Alberto Patishtán al fin libre!

Sábado 2 de noviembre de 2013
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Acusado de un delito que no cometió y condenado a 60 años de prisión, tras un proceso plagado de abusos e irregularidades, Alberto Patistán fue mantenido preso durante 13 años. Hoy tras haber sido indultado por el gobierno federal, fue puesto en libertad y tanto él como su familia, organizaciones e individuos solidarios, celebraron este triunfo del valor y la entereza del profesor Patishtán y de la lucha incansable por obtener su libertad.

¡Bienvenido Alberto!

La lucha sigue


Boletín del FrayBa a propósito del indulto a Alberto Patishtán

Indulto, insuficiente justicia para Patishtán

En México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de personas indígenas detenidas.

¡Júbilo! Es la palabra, el sentimiento, de quienes hemos esperado este día donde la LIBERTAD se escribe con mayúsculas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se une a la celebración de libertad del profesor Alberto Patishtan Gómez (en adelante profesor Patishtán), a quien el gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto tal y como es el patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas.

Consideramos que la acción del Estado mexicano debería incluir como mínimo tres exigencias:

1.- Pedir perdón público como parte de su responsabilidad, en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal.

2.- El esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, ya que se dan en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch´en de los Pobres.

Resulta imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

3.- La reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida.

Por tanto este Centro de Derechos Humanos seguirá impulsando las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor. Y mantendrá también la petición por violaciones a derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante la CIDH en contra del Estado mexicano, la cual, en estos momentos, integrantes del Frayba están impulsando ante dicha instancia interamericana.

En el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se evidenció que el gobierno mexicano está reprobado en el tema de los derechos humanos. El aparato burocrático de instituciones creadas para tal fin, sólo es utilizado en el ámbito internacional para simular las obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos.

El poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la población excluida, en su mayoría indígena. Así lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Nestora Salgado en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en Veracruz; por mencionar algunos.

Por lo anterior desde este Centro de Derechos Humanos, exhortamos al gobierno mexicano la aplicación de medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y de exclusión social.


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