Pronunciamiento en contra de los sucesos violentos en San José del Progreso

Jueves 19 de enero de 2012
por  julieta
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Ciudad de México a 18 de enero de 2012.

A las organizaciones populares del país,

A los periodistas y representantes de los medios de comunicación, A la Opinión Pública Nacional e Internacional,

A las 12 am del miércoles 18 de enero de 2012, el presidente municipal de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC.) de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa transnacional.

Los habitantes de esa región han padecido gran escasez del recurso hídrico durante los últimos diez años, para lo cual diferentes vecinos de la región de Ocotlán han desarrollado, con recursos propios, diversas actividades y obras para la recuperación exitosa del mismo. Organizándose en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO).

En el momento en que se pretendía iniciar la instalación de obras en el espacio de las viviendas de esa la comunidad, los vecinos manifestaron su desacuerdo. Al momento de solicitar la paralización de las máquinas, sin intermediar ni decir nada, el presidente municipal, su hermano (que es un contratista de esta obra) y el mencionado regidor dispararon en el espacio público y a quemarropa contra la población, hiriendo de gravedad al ciudadano Bernardo Méndez Vásquez (con un balazo que le atravesó completamente el cuerpo en el centro de abdomen y otros balazos que le arrancaron algunos dedos de sus dos manos), así como a la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez (que recibió un balazo en una pierna). Ambos vecinos de la comunidad fueron gravemente heridos y ya se encuentran internados en un Hospital de la ciudad de Oaxaca. Al momento, Bernardo Méndez Vásquez se encuentra en estado de coma con posibilidad de perder la vida.

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad ya cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo hoy es el día en que este se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso.

El conflicto en San José del Progreso no es nuevo. El día 14 de Marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento. Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera. Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento (la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”), que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Se acusa a esta “asociación civil” de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina. Los opositores al proyecto minero exigen, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia. También denuncian que en ningún momento hubo consulta pública alguna sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado en todo momento a transparentar sus operaciones ante las comunidades.

Los habitantes de San José del Progreso no merecen estas agresiones, no merecen estas autoridades y no merecen este tipo de “Asociaciones Público-Privadas”. En todo el país, la minería se está convirtiendo en un foco de conflicto permanente y pone en peligro, además de a los pobladores, a la soberanía ambiental y económica del país.

Por todo lo anterior, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales no sumamos a las exigencias irrenunciables:

¡¡¡ Alto a la violencia de gobiernos al servicio de empresas mineras!!!

¡¡¡ NO a la minería en las comunidades de Valles Centrales de Ocotlán!!!

Además exigimos:

Castigo a los culpables y que se garantice la atención médica al compañero Bernardo y a la compañera Abigail.

Al gobierno federal, estatal y municipal: Que cualquier proyecto que afecte la vida de nuestras comunidades tendrán que ser consultados y decididos a través de nuestras Asambleas Comunitarias.

Que se suspenda toda actividad relacionada con la minería en el municipio de San José del Progreso, ya que hasta el momento no ha habido respuesta a las demandas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por lo que el conflicto social interno en la comunidad no se ha solucionado y exigimos al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, les conceda una audiencia específica para tratar los asuntos relacionados con la minería en su municipalidad.

El respeto a la decisión de los municipios de Magdalena Ocotlán y San Matías de no permitir el paso del ducto de aguas tratadas y contaminadas para la explotación minera del proyecto San José del Progreso.



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