Hostigamiento Judicial a Defensores de Derechos Humanos

Martes 29 de marzo de 2011
por  Frayba
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
29 de marzo de 2011

Boletín conjunto

Hostigamiento Judicial a Defensores de Derechos Humanos

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC (CDH Digna Ochoa); el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova y Ordoñez AC (CDH Fraymaco); y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC. (Frayba), manifiestan su preocupación por el hostigamiento judicial a los integrantes del CDH Digna Ochoa, de manera específica hacia su director el abogado Nataniel Hernández Núñez y otros abogados de la misma institución.

El pasado 15 de marzo, Nataniel Hernández y su hermana Jazmín Hernández Núñez, se encontraban en una diligencia en el Juzgado Cuarto de Distrito, en las instalaciones que ocupa el Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, México. Su presencia en dicho lugar se debió a que asistían jurídicamente a seis personas de la comunidad de Nicolás Bravo II, Municipio de Mapastepec Chiapas. Al término de dicha diligencia cuatro de estas personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas por la Policía Federal Ministerial (PFM).

Al percatarse de estos hechos, Nataniel Hernández permaneció en la ciudad tratando de averiguar el motivo de la detención de estas personas, cuando aproximadamente a las 20.00 hrs., mientras se encontraba en los juzgados de distrito para conocer la situación jurídica de las personas detenidas, se le acercaron varios elementos de la PFM quienes le preguntaron. “tu eres Nataniel, somos de la AFI y hay una orden de aprehensión”, al que Nataniel les informó que contaba con un amparo y que no podían detenerlo, pero la Agente del Ministerio Público Federal Griselda Flores de León, adscrita al Juzgado Tercero de Distrito, les indicó a los policías: “es él, llévenselo, su amparo no sirve”.

Nataniel Hernández fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tapachula. Durante el trayecto le informaron que estaba detenido por un bloqueo carretero y le preguntaron si era dirigente de alguna organización que esté en contra del gobierno. Ya en la PGR le hicieron una revisión médica y le tomaron fotografías, para posteriormente trasladarlo al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 3 en Tapachula (CERSS No. 3) y a su ingreso le informaron que estaba acusado del delito de ataques a las vías de comunicación por una denuncia interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2011, bajo el expediente penal 33/2011 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez. Junto con él están acusados los Sres. Eduardo Alonso Martínez Silva y José María Martínez Cruz, colaboradores del CDH Digna Ochoa.

En el CERSS No. 3 se encontraban tres de las personas que habían detenido horas antes y una otra se encontraba en el CERSS No. 4 de Tapachula, que es femenil. Las cuatro personas fueron liberadas durante las primeras horas del día 16 de marzo. En su declaración preparatoria Nataniel Hernández se reservó su derecho a declarar y ratificó su declaración del 22 de febrero de 2011, por lo que fue liberado bajo caución el día 16 de marzo pagando una multa de 11.000 mil pesos.

El 18 de marzo del año en curso, el Juez de la causa penal José Luis Zaya Roldán, decretó el auto de formal prisión contra Nataniel Hernández, por lo que seguirá el proceso en libertad bajo caución, yendo a firmar cada martes ante el juzgado que lleva la causa.
Según copias del expediente jurídico se puede observar que la resolución del Juez es una reproducción del pliego de consignación elaborado por el Agente del Ministerio Público Federal de Arriaga, la cual se fundamenta en declaraciones de policías, las cuales han resultado ser formatos acomodados para fabricar el delito. En el expediente penal existen declaraciones idénticas y con los mismos errores de redacción.
Es importante mencionar que es el Agente del Ministerio Público Federal de Arriaga, quien inició la averiguación previa correspondiente, la cual incluye además el delito de extorsión. El Juez del Juzgado Tercero de Distrito que conoce la causa penal hace la consignación por el el delito de ataques a las vías de comunicación, remitiendo copias certificadas al Juez del Ramo Penal en Tonolá, para que resuelva la declaratoria por el delito de extorsión, el cual es del fuero común, por lo que existe el riesgo que Nataniel Hernández, sea nuevamente detenido.

Los centros de derechos humanos firmantes, manifestamos nuestra preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores de derechos humanos, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

Exigimos al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión y/u obstrucción al trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Chiapas y que cumpla con las obligaciones contraídas en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Antecedentes

Nataniel Hernández y dos abogados más del CDH Digna Ochoa, fueron detenidos el 22 de febrero del 2011 cuando se encontraban realizando actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba una manifestación en el tramo carretero Tonalá – Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita, en el municipio de Pijijiapan, organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Los defensores detenidos fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas y puestos a disposición del Juzgado Primero Penal bajo el expediente 34/2011, por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado y motín. Los defensores salieron bajo las reservas de ley el 2 de marzo de 2011.
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