Justicia Negada

La Unión Campesina Independiente y el paramilitarismo de los años 80s
Lunes 4 de octubre de 2010
por  ehcatl enah
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x Interludio - El tiempo del pueblo organizado

Paramilitares son, aquellos grupos de civiles que, armados, entrenados y/o financiados por militares, asesinan y aterrorizan a la población civil. Los grupos paramilitares son responsables en México de cientos de asesinatos entre los que destacan la matanza de Acteal de 1997 y el asesinato de Betty Cariño, Jyry Jaakkola y decenas de indígenas triquis simpatizantes del MULTI en San Juan Copala en 2010.

La existencia del paramilitarismo puede explicarse como el resultado de la ineficacia en la estrategia represiva “clásica” de los estados y su poca o nula legitimidad ante la sociedad civil, lo que condujo, por ejemplo, el cese al fuego contra la guerrilla zapatista en enero de 1994 y al fracaso de la ocupación gringa en Iraq. En ambos casos los ejércitos estatales fueron remplazados, en mayor o menor medida con paramilitares o “contratistas”, en el caso de Iraq.

Al no existir un vínculo oficial entre gobierno y agresores, los paramilitares actuan en la impunidad y no son castigados. El caso de Acteal es emblemático, a las pocas horas de la tragedia el gobierno declaró que se trataba de un “conflicto” interétnico e interreligioso, tratando de atenuar el asesinato de más de 40 mujeres incluso embarazadas, hombres y niños y sobre todo, despojándolo de todo vínculo político. Los pocos encarcelados fueron los ejecutores de la masacre, y 10 años despues fueron liberados. Los autores intelectuales nunca fueron castigados.

Desde el halconazo de 1971 hasta la toma del municipio autónomo de San Juan Copala y la quema de las casas de sus pobladores, el paramilitarismo ha tenido un éxito impresionante en México como estrategia contrainsurgente, garantizando total impunidad para los ejecutores y para sus jefes políticos: mandos del ejército y autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las filiaciones políticas incluidos los partidos de “izquierda” como el PRD, que en Guerrero y Chiapas encubren grupos terroristas de este tipo.

La Unión Campesina Independiente (UCI) de la Sierra Norte de Puebla y centro de Veracruz es una organización del pueblo nahua formada en 1972 como parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala ante los agravios de los terratenientes y la falta de respuesta de los gobiernos priistas. Su lucha inició con la recuperación de un terreno de 1 200 hectáreas, que fue reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Pero con sólo seis años de vida, la UCI sería blanco de los caciques locales como Juan Aco, Cacique de Huitzilan de Serdán, quien armaría a pistoleros para reprimir a los miembros de la Unión en dicho municipio. Las emboscadas en las milpas y veredas cobraron en pocos años la vida de más de cien personas.

En 1981 cambia la estrategia: El Revolucionario Institucional, fiel a sus tácticas asistencialistas y clientelares, iniciaría la apertura de tiendas de abasto mediante la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).

En 1982 con la llegada de la organización priista Antorcha Campesina se destapan las verdaderas intenciones de estas tiendas: la cooptación y la destrucción del proceso de autonomía de la UCI. Cabe destacar que la llegada de las organizaciones priistas se hizo conjuntamente con ingenieros agrónomos egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo como lo es el mismo presidente de Antorcha Aquiles Córdoba. En ese mismo año Antrocha despojó a los campesinos de la UCI del terreno de 1 200 hectáreas con que diez años atrás dieran inicio a su lucha.

La represión hacia los indígenas que defienden su tierra y territorio alzanzaría su mayor nivel el 22 de marzo de 1983 con la toma a sangre y fuego el palacio municipal de Huitzilan de Serdán por parte de Ejército Nacional y diversas agencias de policía en favor de Antorcha Campesina, solapados por el entonces gobernador de Puebla Guillermo Jimenez Morales.

Con la impunidad garantizada los terroristas y represores priistas azotaron la región: las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y el asesinato se suceden a cada momento. Como pasa actualmente con el municipio autónomo de San Juan Copala, paramilitares priistas iniciaron la quema y el despojo de casas de miembros de la UCI, “fue en esas fechas cuando asesinaron a mi padre: Antonio Melchi Cipriano” comenta para Interludio el también ex-preso político Bartolomé Melchi Santiago. Hasta el día de hoy la represión ha cobrado la vida de 150 indígenas nahuas, además de varios presos políticos y varios desaparecidos como Trinidad Betancourt quien desde 1987 no se conoce su paradero.

“Nosotros hemos sido desplazados de una comunidad a otra por el grave error, el delito de no pertenecer a ninguna organización priista”. Después de la toma del palacio municipal y ante su terrible situación, los campesinos se vieron forzados a huir de sus hogares, viviendo por más de tres años desplazados en la montaña. Los que intentaron pedir ayuda en las comunidades vecinas fueron rechazados, pues el grupo Antorchista había iniciado una campaña sucia de desprestigio contra los campesinos.

Sin tierra, perseguidos, acosados, desplazados, los campesinos indígenas nahuas de la UCI iniciarían un largo recorrido a través de distintas instancias gubernamentales en busca de justicia ante “los gobiernos prisistas (que) han creado grupos paramilitares para exterminar a las organizaciones sociales”. La represión y los asesinatos de los campesinos indígenas nahuas fueron denunciados ante la ahora extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sin que esto repercutiera en la injusticia vivida.

En 2006 se formó un comité de presos políticos indígenas nahuas en el CERESO de Puebla como forma de lucha y resistencia desde la cárcel, ya que como comenta Bartolomé, hay que “romper ese silencio por que sabemos muy bien que las autoridades nunca aceptan, para las autoridades penitenciarias y los gobiernos no existen presos de conciencia, para ellos no existen los presos políticos, pero tenemos que darle frente y tenemos que luchar por nuestra libertad”.

Ante la falta de justicia y representación del gobierno, la UCI ha participado en el Congreso Nacional Indígena, además son miembros del Frente Nacional Contra la Represión. Los campesinos de la UCI “Estamos solicitando el apoyo político y moral para darle frente a esta lucha”.

Melchi, con voz tranquila pero firme continua: “Esta situación para nosotros es muy triste de perder a nuestros familiares nuestros, compañeros campesinos, indígenas. Es muy lamentable que las autoridades no nos escuchen. Yo diría que es vergonozoso y debería serlo para todos, que en nuestro país no haya justicia”. Bartolomé actualmente se encuentra en el Distrito Federal junto con varios compañeros de la UCI en una comisión que busca la justicia para sus compañeros presos y asesinados. La comisión pretende hacer llegar las injusticias vividas por su pueblo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hasta ahora el paramilitarismo a la mexicana ha cobrado la vida de miles de indígenas, estudiantes, campesinos, luchadores sociales, periodistas y un trágico pero largo etcétera. El paramilitarismo se ha convertido en la única respuesta del gobierno para quienes luchan por un mundo mejor más justo.

¿Será la impunidad -el pasado de la UCI- el futuro para San Juan Copala? hasta el momento eso parece. La estrategia es la misma: impunidad priista para asesinar, secuestrar, torturar, desaparecer, violar, quemar casas; acompañada de una blandengue respuesta de los otros partidos, una velada complicidad.

Las últimas declaraciones (en septiembre de 2010) del ahora electo gobernador de Oaxaca Gabino Cue por partede la controversial amalgama entre PAN, PRD, PT y Convergencia así lo demuestran: “El gobierno no puede estar sólo como observador y ver que entre hermanos se estén agrediendo y no hacer nada; debemos actuar para evitar la violencia. Por lo que cuando asuma el cargo, habrá que estar muy pendientes de las zonas que se consideran de conflicto, zonas de alto riesgo, y precisamente una de ellas es la de los triquis, problemas que deben resolverse a través del diálogo, de la conciliación y de la concertación … será a partir del primero de diciembre cuando haya acciones y propuestas concretas por parte del nuevo gobierno para que regresen la paz, el progreso y la justicia social a la zona” .

Es decir, se llama al diálogo, conciliación y concertación entre ejecutores y victimados, ningun llamamiento hace a la justicia y al castigo a los culpables, Cue dice que “debemos actuar para evitar la violencia” pero hasta diciembre, no ahora, la violencia puede seguir, la justicia puede esperar.

La Unión Campesina Independiente lleva 32 años en espera de esa justicia, una justicia que no vendrá de ningún partido políco, una justicia hasta ahora negada.

De nosotros y desde abajo depende que esto no suceda.



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